Hay en Guatemala temas realmente repugnantes, entre ellos, las
adopciones ilegales y el tráfico de niños, que han sido denunciadas
por defensores de la niñez y provocan reacciones de rechazo por
parte de la sociedad y de la comunidad internacional.

Este ilícito, que desnaturaliza la noble institución civil de la
adopción, además de corromper a profesionales que, en un aras de una
ambición desmedida, olvidan principios éticos, juramentos y códigos,
ha desatado polémica que no ha sido asumida con profundidad en el
seno de los gremios que involucra.

Los procedimientos utilizados para realizar estas adopciones van
desde compras o secuestros de bebés, promoción comercial, casas
cunas clandestinas, declaraciones y papelería falsa, sobornos,
presiones, aun cuando formalmente se amparan en la fe pública y en
actos formalmente lícitos.

Bruces Harris, Director Regional para América Latina de los
Programas de Casa Alianza, una institución que trabaja con los
llamados “niños de la calle”, ha librado una batalla durante varios
años para combatir esa práctica, que ha convertido a los niños en
mercancías y a los profesionales involucrados en nuevos ricos.

El 11 de septiembre de 1997 Harris ofreció una conferencia de
prensa, junto al titular de la Procuraduría General de la Nación,
institución con la cual estableció un convenio para la investigación
de anomalías en los procesos de adopciones, para dar a conocer los
resultados de ese trabajo.

El activista por los derechos de la niñez aseguró que ha presentado
reiteradas denuncias contra profesionales del derecho que participan
en una red que comercia y exporta niños guatemaltecos y mexicanos.
Una de las criticadas por esta práctica es la Notaria Susana Luarca
de Umaña, entonces esposa de un ex presidente de la Corte Suprema de
Justicia, razón por la cual, Harris considera que se valía a
presiones y tráfico de influencias para realizar los trámites.

Es importante tomar en cuenta que, según informaciones
proporcionadas, Guatemala es el país que ocupa el primer lugar en la
cantidad de niños “exportados” per capita, en el mundo, Los nombres
de algunos Notarios especializados en la materia que se dedican a
este “negocio” son conocidos en el medio. A pesar de numerosos
intentos, no se ha logrado una regulación de las adopciones
internacionales y Harris aseguró que la Fiscalía no procedió a las
investigaciones del caso.

La situación controversial se generó porque la Notaria llevó a
Harris a un tribunal penal por difamación, con el argumento que el
honor es un bien jurídico tutelado por la ley y que el acusado la ha
difamado. Pero por otro lado la libre expresión del pensamiento
también es una garantía constitucional y no es un derecho exclusivo
de los periodistas, es un derecho social, se ejerce socialmente.
Este criterio, sustentado por Harris no fue compartido por la Corte
de Constitucionalidad que negó la pretensión de que el caso se
ventilara en un Tribunal de Imprenta, contemplado en la Ley de
Emisión del Pensamiento, y ordenó que el caso debe dilucidarse en un
tribunal ordinario penal.

El juicio por difamación contra Harris llamó la atención por los dos
aspectos que involucra: uno de carácter nacional y una garantía
constitucional.

Hay en medio de este diferendo un derecho que ha sido históricamente
mancillado: la libertad de emisión del pensamiento. Por ejercerlo
murieron cientos de personas en Guatemala y para coartarlo se
recurre a todos los medios de censura y autocensura posibles.

Entonces, por un lado, la defensa de un bien jurídico tutelado “el
honor de una persona” a quien se acusa falsamente de un delito, o se
le hacen imputaciones que dañan su honor. Por otro, el riesgo de
coartar la libertad de pensamiento.

Harris fue absuelto por unanimidad en primera instancia por el
Tribunal de Sentencia Penal, de los cargos de difamación, calumnia e
injuria, debido a que, según los juzgadores, las pruebas aportadas
por la querellante no fueron suficientes para probar la comisión de
los delitos imputados, ya que sus declaraciones correspondían a una
denuncia en conjunto con la Procuraduría General de la Nación.

Esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre los derechos
ciudadanos en relación con la libertad de emisión del pensamiento
sin previa censura, pero también sobre sus límites y los derechos de
informar y estar informados, sin olvidar las debidas protecciones a
los otras garantías constitucionales.