ALAI/Caracas

Uno de las temas que concentra la atención del “Encuentro internacional de
resistencia y solidaridad de los pueblos indígenas y campesinos”, que culmina
hoy, es la violencia, asesinatos, represión y la persecución que está afectando
a los campesinos y pueblos indígenas de la región.

El fenómeno es generalizado, pues está presente en casi todos los países.
Algunos datos dados a conocer por delegados (as) que asisten a este evento es muy
revelador. En Bolivia, solamente el pasado 12 y 13 de octubre, las fuerzas
militares y policiales han asesinado a 46 personas en el marco de la lucha por
los recursos naturales y la no entrega del gas a las transnacionales. Desde que
se inicio el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada el balance es de 117 muertos
civiles. A ello se suma la represión y la persecución de que han sido objeto
los dirigentes cocaleros quienes se oponen al plan “coca cero” elaborado por
Bolivia y financiado por Estados Unidos. Los representantes campesinos (as)
bolivianos hicieron una diferenciación entre coca y cocaína, pues la primera es
un planta milenaria y tradicional y que tiene usos medicinales e industriales y
la segunda es una droga elaborada con procedimientos químicos. Por lo mismo,
dicen que no se les puede calificar como “narcotraficantes” o “terroristas” por
el hecho de defender el cultivo de la hoja de la coca, cultivo que realizan desde
hace cientos de años.

En Brasil, desde el primero de enero de 2003, el balance de la acción represiva
contra el movimiento campesino que lucha por la tierra y la reforma agraria, es
de 52 muertos, 23 presos, 26 perseguidos.

En Chile, 40 mapuches están encarcelados, se les ha aplicado una ley anti-
terrorista elaborada durante la dictadura de Pinochet y en los procesos
judiciales se han cometido varias irregularidades como la compra de testigos,
quienes declaran encapuchados, según denunciaron dirigentes mapuches.

El “delito” de los indígenas encarcelados es defender sus tierras y oponerse a
la acción de las transnacionales. En México, luego de las movilizaciones de las
organizaciones nucleadas en el movimiento “El Campo no Aguanta Más”, el gobierno
federal presidido por Vicente Fox pretende desarticular este movimiento e incluso
ignorar sus demandas. Pero lo más grave, en este caso, es la situación de
Chiapas en donde decenas de indígenas zapatistas están encarcelados, mientras
prosigue la acción de las guardias blancas y continúa la militarización del
Estado fronterizo con Guatemala.

En el caso de Venezuela, desde que se iniciaron los procesos de reforma agraria
impulsados por el Presidente Hugo Chávez, se han registrado 162 muertos cuya
autoría se atribuye a sicarios al servicio de los latifundistas. El
recrudecimiento de este fenómeno ha llevado a conformar la Asociación de
Víctimas del Sicariato, siendo sus objetivos lograr que se haga justicia e
impulsar una ley de protección a los familiares que hayan sido víctimas del
sicariato.

Los campesinos e indígenas de Guatemala fueron las principales víctimas del
conflicto armado que dejó, en tres décadas, más de 200.000 muertos y
desaparecidos, por lo que se hablar de un verdadero genocidio. Luego de la firma
de los acuerdos de paz con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la
violencia ha continuado y solo en los últimos meses se ha registrado 20 muertos.

Colombia merece una líneas aparte, pues luego de la subida al poder de Álvaro
Uribe Vélez se ha desatado una cacería contra líderes sociales, indígenas,
campesinos, afrodescendientes, a quienes se acusa, la mayor parte de veces sin
fundamento, de ser colaboradores de las fuerzas guerrilleras. Numerosas son las
víctimas de los grupos paramilitares que actúan con total impunidad, mientras se
han recrudecido fenómenos como el desplazamiento interno, los allanamientos a
sedes sociales, la persecución y el encarcelamiento. La violencia ha traspasado
las fronteras de Colombia alcanzado las zonas fronterizas de Ecuador, Venezuela y
Panamá. En este último país, grupos paramilitares han asesinado a 6 campesinos
y el número de víctimas en Venezuela también es preocupante.

En la mayoría de casos enumerados, la regla es la impunidad y la denegación de
justicia. Los procesos judiciales, cuando los hay, son muy engorrosos y los
familiares de las víctimas, por ser personas pobres, no pueden sufragar los
elevados costos que implica presentar acusaciones particulares. En cuanto a los
presos, varios delegados (as), dijeron que debían ser considerados como presos
políticos o presos de conciencia pues el motivo de su encarcelamiento es la
defensa de causas sociales o la defensa de derechos colectivos de sus comunidades
(como el derecho a la tierra y a los territorios, la reforma agraria, la
identidad, oponerse a la políticas neoliberales, etc.).

Cabe agregar que el Encuentro adoptó una resolución en la que demanda la libertad
del dirigente campesino colombiano Francisco Cortés y los bolivianos Carmelo
Peñaranda y Claudio Ramírez, detenidos desde hace más de 6 meses en Bolivia por
supuestos delitos de terrorismo (http://movimientos.org/show_text.php3?key=2123).
En el caso de las recientes masacres de Bolivia, el Encuentro exigió el cese de
la violencia estatal, sanción para los culpables e indemnización para las
víctimas. Así mismo se elaborará un informe para ser presentado a la
Organización de Estados Americanos (OEA), a la Organización de Naciones Unidas,
(ONU) y a organismos internacionales humanitarios y de derechos humanos
(http://movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=2118).

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