Desde la asunción de Kirchner el ministro Lavagna actúa en un marco diferente al
que predominó el año pasado durante su gestión con Duhlade. Este cambio ha
generalizado el debate sobre el curso económico actual. ¿El modelo vigente en los
90 persiste o ha quedado superado? ¿Se está revertiendo la política que
empobreció a la mayoría popular ? A la luz del reciente acuerdo suscripto con el
FMI la respuesta a estos interrogantes es claramente negativa.

El mismo ajuste com outro envoltorio

El convenio ratifica el congelamiento de los salarios y la jubilaciones estatales
que desde la devaluación acumulan un deterioro superior al 30%. Como la inflación
prevista para el año que viene rondaría el 7%, esa caída se acentuaría. El gasto
público se mantiene en el piso histórico derivado del fenomenal recorte aplicado
desde fines del 2001 y que ha situado a estas erogaciones en un nivel muy
inferior al promedio internacional o latinoamericano. Con este nivel de ajuste
que supera ampliamente al vigente durante la convertibilidad, los recursos
disponibles para los maestros, los desempleados o la inversión pública son
insignificantes.

Algunos comentaristas opinan que esta dureza salarial podría atenuarse si repunta
la recaudación. Pero el destino de esa mejoría ya está comprometido en pagos de
la deuda. El propio Lavagna reconoció que el superávit fiscal acordado es
superior al 3% del PBI si se lo mide en términos comparativos con otros países.
Basta recordar que se reforzará el terrible ajuste soportado durante este año
(2,5%) y que el excedente comprometido es mucho más severo que el traumático
“déficit cero” que Cavallo pretendió imponer hace dos años. Es sabido que una
política de ahorro fiscal conspira contra la reactivación y por eso Bush ha
recurrido al drástico aumento del déficit presupuestario para revertir la
recesión. Con el mismo propósito Francia y Alemania se disponen a violar las
restricciones fiscales de la Unión Europea y Japón expande sin pausa el gasto
público para contrarrestar el estancamiento. Solo en Argentina se acepta discutir
con tanta ligereza neocolonial el porcentaje de superávit que regirá al cabo de
la peor depresión de la historia.

La misma política de ajuste es ahora presentada con mayor sobriedad porque nadie
se atreve a repetir los festejos que acompañaban al “blindaje” de Machinea o al
“megacanje” de Cavallo. Pero las interpretaciones predominantes invierten la
realidad de los hechos. Se habla del “triunfo negociador argentino” y de la
“actitud digna” mantenida durante la negociación, como si el superávit fiscal
fuera un logro nacional y no una imposición del FMI. Es falso que el acuerdo fue
alcanzado por la presión de Kirchner, ya que surgió de una manifiesta exigencia
del gobierno norteamericano. Por eso las felicitaciones de la Casa Blanca
llegaron de inmediato. En el marco de aislamiento imperialista en Irak y de
tensión financiera en Latinoamérica, Bush decidió despejar los peligros que
presentaba un mayor default argentino. Algunos voceros del gran capital
comprendieron esta conveniencia, mientras que los exponentes directos de los
acreedores continúan protestando. Esta queja persistirá como un mecanismo de
presión para cobrar, aunque todos sepan que la Argentina no puede pagar más de lo
acordado.

Habrá que esperar algunos meses para ver si efectivamente existió alguna
concesión significativa por parte del FMI. Tanto el aumento de tarifas como el
otorgamiento de mayores compensaciones a los bancos solo han quedado en suspenso.
Algunos economistas igualmente se congratulan porque el superávit fiscal será
inferior al 3,5% o 4% discutido inicialmente, pero este consuelo se parece a la
presentación triunfal que hace Lavagna de la reducción del desempleo del 18 al
17%, o de la disminución de la pobreza del 56% al 53%. En función de la
catástrofe social que afronta la Argentina estos “éxitos” son irrelevantes. El 3%
de excedente fiscal no es compatible con la redistribución del ingreso, ni con
una recuperación económica basada en la mejora del poder adquisitivo.

El país no tenía ninguna necesidad de suscribir el acuerdo porque se encuentra
marginado del mercado financiero internacional y no recibirá créditos nuevos. En
cambio el FMI tenía urgencia por evitar el default por la pérdida patrimonial que
le hubiera provocado este incumplimiento. El gobierno de Bush afrontaba incluso
la perspectiva de verse obligado a recapitalizar al Fondo con el dinero de los
plomeros norteamericanos.

Lavagna volvió a privilegiar los pagos a los organismos internacionales que a
diferencia del resto de los acreedores cobran puntualmente y en divisas. También
favoreció al sector local de empresas y bancos que han pesificado sus títulos
públicos. Pero ahora comenzará la dura negociación con los acreedores privados
extranjeros. Cualquiera sea la “quita”, extensión de plazos o reducción de tasas
que se acuerde, el compromiso exigirá mantener un superávit fiscal que
empobrecerá a las próximas generaciones.

Se afirma que “esta vez” los “compromisos serán cumplidos”, como si alguien
conociera de antemano la evolución de las múltiples variables que determinarían
ese resultado. Tradicionalmente la Argentina padeció el círculo vicioso de
sacrificios que simplemente conducen a la cesación de pagos. Basta observar la
magnitud de los vencimientos del 2005 y del 2006 para notar cuán difícil será
honrar una deuda comprobadamente fraudulenta y que en gran medida ya fue
cancelada.

Naturalizar la miseria

La política económica refuerza la tendencia al achatamiento del “costo salarial”
que desde hace décadas propicia el sector capitalista dominante. El deterioro que
han registrado los sueldos ha sido mucho más abrupto que durante los tres grandes
antecedentes de retracción salarial (1976, 1985 y 1989). El desprestigio del
neoliberalismo impide en el sector público seguir justificando esta agresión
culpabilizando a los propios empleados o identificando su actividad con el
desgano. Pero desde la órbita oficial también se desalienta la recuperación de
los salarios privados, porque el aumento de 28 pesos que sea dispuso en julio es
irrisorio y abarca tan solo al 18 % de la población activa.

La contracción salarial refuerza también la precarización porque se mantienen
todas las normas de flexibilización que han creado situaciones de escandalosa
explotación. La jornada de trabajo (2000 horas anuales) es más prologada en la
Argentina que Europa, Estados Unidos, México o Brasil y los accidentes laborales
crecen vertiginosamente con cualquier atisbo de reactivación (3 muertes por día
en el primer semestre). Este nivel de sobreocupación coexiste con un pico récord
de desempleo, porque no se implanta la reducción de la jornada de laboral que
permitiría distribuir el empleo sobrante entre operarios que han perdido su
puesto de trabajo.

En un país agobiado por el desempleo, la “libre negociación de los salarios” es
una ficción. También es engañoso pensar que la desocupación ha descendido
significativamente desde el fin de la depresión, porque se contabiliza como
ocupados a quiénes perciben los planes asistenciales de Jefes de Familia. Si se
elimina este disfraz, el índice de desempleo se ha mantenido por encima del 21%.
Pero además, la subocupación que refleja la evolución del trabajo eventual solo
ha bajado de 19,9% (octubre 2002) a 18,8% (mayo 2003), confirmando la sostenida
expansión de la precarización. Los nuevos empleos que surgen generalmente
incluyen la degradación de tareas y la evasión previsional.

El mayor peligro que enfrenta la Argentina es la naturalización de la miseria si
se generaliza el conformismo frente a la tragedia social. Como los funcionarios
actuales presentan este drama como una “herencia del modelo” y se exculpan de sus
efectos, sugieren que constituirá un dato inamovible de los próximos años. Por
eso, la propuesta de eliminar la pobreza del 54% y la indigencia del 26% en forma
inmediata no es ni siquiera discutida. A lo sumo se evalúa como introducir algún
punto de incremento del gasto asistencial olvidando su escaso impacto, ya que el
costo de la canasta alimenticia duplica los 150 pesos asignados a los
desempleados.

Se ha creado un clima de condescendencia hacia un gobierno que no adopta ninguna
medida para poner fin al hambre en el granero del mundo. No es necesario que
aparezcan fotos de Tucumán que parecen Biafra para recordar que el 17,5% de la
población sufre desnutrición y que cuatro millones de personas carecen por
completo de cobertura social. Este es el precio del ajuste en curso. Alguien se
muere, cientos se enferma, miles se inundan y millones se embrutecen con la
reducción del gasto público y sus sistemática subejecución.

Impuestos regresivos y crisis de las AFJP

El gobierno espera que el repunte del nivel de actividad incremente la
recaudación sin alterar la estructura tributaria regresiva. De esta forma se
podría pagarle a los acreedores manteniendo un sistema impositivo que solo obliga
a principalmente a tributar a los consumidores empobrecidos.

Detrás de la obsesión fiscal que exhibe Lavagna están los auditores del FMI que
exigen penalizar la evasión, realizar operativos de la AFIP, iniciar causas
judiciales contra la triangulación exportadora y sancionar las maniobras de los
estudios contables. Por eso se realizan inspecciones contra la evasión
previsional y se eliminan los cuasimonedas que circulan sin control fiscal.

Pero esta presión no afecta a quiénes acumularon fortunas desde la devaluación.
Los exportadores continúan , por ejemplo, pagando las mismas retenciones a pesar
del generalizado incremento de los precios internacionales de las cereales y los
combustibles. Este ganancia del 11% durante el primer semestre fue totalmente
acaparada por los grupos exportadores.

Pero más escandaloso es el continuado sostén de las AFJP, porque nadie oculta ya
que la privatización de las jubilaciones fue la principal causa del colapso
fiscal. Mientras que el estado continuó financiando al sector pasivo perdió los
ingresos que absorbieron el grupo de entidades que cobran increíbles comisiones
por realizar operaciones legalmente dudosas y económicas ruinosas para los
afiliados. El 75% de sus carteras está actualmente compuesto por bonos públicos
en default, creando un situación futura dramática para los jubilados de este
sector.

No tiene sentido dirimir si el culpable de esta quiebra es el estado o los
gerentes de las AFJP que eludieron la pesificación de los títulos reclamando su
redolarización, porque durante los últimos años funcionarios públicos y los
directivos privados pertenecieron a un mismo club. Su actividad conjunta ha
generado la insólita situación de un régimen privado cuyos activos son públicos y
que fue formalmente creado para terminar con el saqueo oficial de fondos
previsionales. Pero mientras pasa el tiempo y este desastre se agrava nadie
adopta las soluciones que deberían comenzar por eliminar las AFJP y restituir los
aportes patronales.

Los auxilios a los bancos

Desde que asumió Lavagna ha premiado a los banqueros que expropiaron a los
ahorristas con un amplio menú de compensaciones. Sin devolver un solo dólar a los
pequeños depositantes, los financistas recibieron el año pasado bonos por 13.000
millones de pesos y obtuvieron con el reemplazo del CVS por el CER, otros 3000
millones. Para colmo aún no ha quedado resuelto el monto de las retribuciones por
los amparos acordados a los ahorristas.

Hay que tener en cuenta que un título en poder de los bancos no es equiparable a
un Bocon recibido por cualquier pequeño ahorrista que debió vender este papel al
40% de su valor nominal para poder sobrevivir. Las entidades acumulan estos
títulos y los utilizan en operaciones contables y financieras. Actualmente la
mitad de los activos bancarios están conformados por bonos del estado, que se
revalorizarían si se cumple el acuerdo con el FMI.

¿Pero que sentido tiene mantener un sistema bancario privado sostenido en bonos
públicos y auxiliado con redescuentos oficiales? Lo que formalmente aparece como
una actividad de intermediación entre capitalistas, en realidad opera como una
red dependiente de fondos de la Tesorería. Los bancos cobran pero no arriesgan y
como se demostró en la crisis, cuando afrontan una corrida en lugar de responder
con su patrimonio confiscan al depositante.

Esta modalidad de acción explica también porque el crédito se mantiene paralizado
a pesar de la recuperación de los depósitos. Frente a la contracción de la
demanda, las entidades prefieren acumular liquidez y afrontar pérdidas de
intermediación antes que prestar sin respaldo oficial. Por eso reclaman alguna
forma de garantía estatal y la implantación de mecanismos de indexación.

No hay que olvidar que en el plano financiero la crisis no está zanjada. El
sistema privado quedó sobredimensionado con la emigración de depositantes hacia
la banca pública y el achique no ha concluido a pesar del cierre de sucursales y
el despido de 13.000 empleados desde 1999.

Conflictos y negocios com las privatizadas

En el terreno delos servicios públicos privatizados el problema de las tarifas
opone a las empresas con los usuarios y en este conflicto intermedia el gobierno.
Pero lo más llamativo de esta discusión es la omisión del carácter innecesario de
esos incrementos para el funcionamiento corriente de las compañías. Las empresas
no solo acumularon ganancias extraordinarias durante la convertibilidad,
transfirieron utilidades al exterior y contrajeron deuda para realizar limitadas
inversiones, sino que sus balances actuales reflejan ganancias suficientes para
asegurar la prestación normal de los servicios. Los aumentos tarifarios carecen
de justificación y si el gobierno concede (luego de completadas las elecciones o
a fin de año) habrá repetido la conducta sumisa que impera desde la década
pasada.

Lavagna negocia en el Parlamento “superpoderes” para decidir incrementos “a
cuenta” fuera del marco regulatorio actual y a espaldas de la sociedad, es decir
sin audiencias públicas. Es probable que se encubra estos aumentos introduciendo
“tarifas sociales”, que en realidad compensan a la empresas ante su imposibilidad
de cobrar las facturas al empobrecido 60 % de la población. También se habla de
introducir “tarifas diferenciales”, que podrían implicar precios distintos según
el tipo de actividad industrial. Pero no está claro qué rédito obtendría la
población con este cambio.

Pero lo más nocivo es la reactualización del principio de asignarle al estado
actividades deficitarias para que los privados preserven los negocios rentables.
Este criterio persiste en la renegociación de contratos, que deberían ser
rescindidos en su totalidad, dado el generalizado incumplimiento de las metas de
inversión o de los cronogramas de tarifas.

Existen casos escandalosos como el Correo y Aeropuertos, dónde el concesionario
simplemente dejó de pagar el canon. La anulación de estos contratos es
impostergable, pero no compensará las pérdidas ocasionadas al estado. En el caso
de los ferrocarriles se verifica más nítidamente el criterio de cargar al estado
con las pérdidas, ya que el sector público asumirá los costos de la inversión
mientras que los concesionarios seguirán gestionando el servicio. Y esta misma
división de tareas se extendería al peaje: el estado construiría las nuevas
rutas, mientras que los privados cobran tarifas que han calculado a partir de sus
propias estimaciones. Como los servicios formalmente privatizados carecen de
riesgo y son solventados por el estado, es probable que las actividades más
afectadas terminen en algún tipo de reestatización.

Pero dónde hay grandes ganancias rige un total mutismo. Nadie habla del petróleo
y el gas, cuya voluminosa renta permitiría financiar el grueso de las inversiones
que requiere el país. La depredación del crudo continúa a la vista de todo el
mundo. Las reservas que en 1991 cubrían 24 años de demanda ahora solo alcanzan
para 14 años, porque mientras la exploración declina las exportaciones han
crecido de manera espectacular. Los privados aprovechan décadas de trabajo previo
de YPF sin aportar inversión y lucrando con la fijación discrecional de los
precios internos.

Como lo demuestran los recientes cortes masivos de electricidad y agua, al
chantaje tarifario no se limitan a la presión diplomática. Pero el problema más
agudo es el deterioro de los servicios que acompaña a la paralización de las
inversiones Un ejemplo dramático es el agua, porque varios millones de personas
carecen de agua potable o cloacas porque la concesionaria incumplió los
contratos. En la esfera de los servicios públicos la disyuntiva es nítida:
sostener las ganancias de las privatizadas o mejorar los servicios que utiliza la
población.

Problemas del esquema exportador

Desde la devaluación se ha producido un cambio de hegemonías al interior del
bloque dominante. Los ganadores de la convertibilidad eran las empresas
privatizadas, los grupos importadores y todos los acreedores del estado. En
cambio ahora prevalecen los exportadores, los industriales que sustituyen
importaciones y los financistas locales que adquieren activos desvalorizados.

Los grupos petroleros (que continúan liquidando en el exterior el 70% de sus
divisas) y los cerealeros acaparan los mayores lucros de la exportación. Bajo su
dominio se acentúa la reprimarización de la economía y la distorsión que está
creando la sobreexpansión irracional del cultivo de soja. Basta observar que los
rubros de mayor crecimiento exportador del primer semestre fueron oleaginosas,
aceites, derivados alimenticios y combustibles para notar como se afianza el
modelo periférico y dependiente.

Los grupos locales que ganaron con la pesificaron de sus deudas han quedado bien
ubicados luego de la devaluación y mejor situados se encuentran los contratistas
privilegiados de la obra pública. En la esfera financiera ganan terreno los
grupos locales que compran entidades extranjeras y los fondos de inversión que
adquieren empresas quebradas. Estos cambios se reflejan en las nuevas autoridades
de varios núcleos empresarios (UIA, ADEBA, AEA), que han asumido un discurso más
nacional para adecuar sus actividades lobbystas al nuevo contexto de
cuestionamiento al neoliberalismo.

Pero nuevos conflictos están despuntando entre los rivales capitalistas que
pugnan por mayor espacio en el poder político. Estos choque se concentran en tres
áreas. En el plano impositivo, los acreedores custodian celosamente el superávit
fiscal, mientras que los exportadores resisten cualquier incremento de las
retenciones y los grupos locales pretenden compatibilizar el cobro de los bonos
del estado con el mantenimiento de los subsidios que los favorecen.

En el terreno cambiario, los acreedores y las privatizadas añoran un dólar bajo
para cobrar o remitir utilidades, mientras que los exportadores apuntalan el tipo
de cambio alto, reclamando incluso medidas regulatorias del flujo de divisas. Por
ejemplo, la decisión de limitar el ingreso de capitales golondrinas apuntó más a
preservar el negocio exportador que a penalizar al movimiento especulativos. Por
eso no se trabó la salida de capital, ni se instauró ningún tipo de gravamen a
esas operaciones.

También existen divergencias en torno al alcance de las medidas de reactivación.
Mientras los acreedores solo jerarquizan el ajuste y los exportadores sus ventas
externas, los grupos vinculados a la demanda local o dependientes de la obra
pública presionan por un aflojamiento de la disciplina monetaria.

Pero el inconveniente central de la política en curso es su efecto limitante del
crecimiento. El PBI repunta, pero al cabo de una depresión tan aguda este rebote
es propio de la dinámica fluctuante del capitalismo. No es el cambio de modelo,
sino esta reacción cíclica lo que explica la reactivación en curso. Pero la
exportación y el pago de la deuda colocan un techo al crecimiento, porque no
generan empleo y reducen la esfera del consumo solo a las franjas de mayores
ingresos.

La inversión privada continúa bloqueada por el trauma del default. Es muy
improbable que ser renueve la corriente de inversiones extranjeras de los 90 y el
comportamiento de la inversión local es imprevisible si con la reactivación
desaparece la capacidad ociosa. Como la crisis produjo un gran desplome del poder
adquisitivo, algunos especialistas estiman que el stock de capital quedó
estructuralmente sobredimensionado en relación al PBI pe capita. Si este
diagnóstico es correcto la inversión privada languidecerá mientras no se
recomponga el poder adquisitivo.

“¿Noekeynesiano o Neoliberal?”

¿El “Lavagna de Kirchner” es distinto del “Lavagna de Duhalde”? ¿Abandonó la
ortodoxia para ensayar un rumbo keyenesiano? ¿ Revierte el modelo predominante
durante los 90? Frente a este interrogante conviene distinguir la función, el
discurso y la política del ministro.

Lavagna es un arbitro entre los distintos grupos que de la clase dominante. Como
todo ministro de economía procesa y dirime los conflictos entre estos sectores. Y
siguiendo el ejemplo de Cavallo ejerce este arbitraje concentrando las
decisiones. Por eso exige que el Congreso le delegue la atribución de definir el
momento y la cuantía de los tarifazos y le reclama al Banco Central facultades
para incidir en las próximas quiebras y fusiones de entidades. Además, comanda la
negociación de la deuda y despide a los funcionarios (Del Bello del Indec) que
difunden de manera inconsulta noticias indeseables (la tasa de desempleo).

Al cultivar un estilo diplomático y alejado de los exabruptos de Cavallo, Lavagna
está generando mayor fascinación entre los periodistas indulgentes. Quiénes
justifican esta admiración realzando sus choques del ministro con el
“establishement” deberían recordar las incansables peleas de Cavallo con
Alsogaray, Alemán, Roque Fernández o Pou. El arbitraje consiste justamente en
defender los intereses colectivos del capitalismo a costa de las exigencias
particulares de cada fracción. Al igual que Cavallo, Lavagna está liderando el
pasaje de una etapa económica a otra y este rol diluye el carácter objetivo de
este cambio. Si Mingo se llevó los laureles del fin de la hiperinflación, Lavagna
puede aparecer como artífice de la recuperación.

Pero el ministro ha rodeado su labor de un discurso antiliberal que brinda
formato antimenemista a cualquiera de sus medidas económicas. Esta gestualidad
irrita a los economistas que sostuvieron la convertibilidad y que por eso acusan
a Lavagna de “carecer de un plan” o de “actuar solo en el corto plazo”. Pero
estas reyertas verbales que nutren los vacíos mediáticos no tienen gran
relevancia económica. Ningún pope del menemismo cuestiona el curso actual porque
con un lenguaje crítico, Lavagna está legitimando los grandes cambios de los 90.
Las privatizaciones, la desregulación laboral, la desigualdad social, las
ataduras del endeudamiento externo se mantienen como un derecho adquirido para
los dueños del poder.

Ninguna iniciativa de Lavagna presenta rasgos neokeyenesianos. No alienta la
recuperación de la demanda interna, ni la recomposición del poder adquisitivo.
Tampoco incentiva el crecimiento con gasto público que caracterizaba al “New
Deal” o al desarrollismo latinoamericano. La inversión pública continúa en el
subsuelo y muy por debajo de los promedios de Chile o México. Asociar el
neokeyenesiano con el superávit fiscal constituiría una extraña novedad teórica.

Es cierto que ya no rige la apertura indiscriminada o las privatizaciones sin
control. Pero el neoliberalismo no ser reduce a estos rasgos. También se asienta
en la exclusión social y la flexibilización laboral. Por eso resulta inadecuado
presentar a Lavagna como antiliberal. Más bien está adaptando el modelo de los 90
a las nuevas condiciones de la Argentina empobrecida.

Alternativas a la resignación

El programa de ajuste enmascarado que implementa Lavagna se sustenta en tres
presupuestos políticos: confianza plena en el nuevo gobierno, desmovilización
popular y aceptación resignada de un horizonte de miseria. Sin estos pilares los
compromisos acordados con el FMI no podrían cumplirse, ya que este convenio es
incompatible con la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

El superávit fiscal requiere que los empleados públicos renuncien al salario que
cobraban antes de la crisis, que los jubilados acepten sobrevivir con
mensualidades infrahumanas, que los desocupados abandonen las calles y mendiguen
ayuda asistencial y que los hambrientos simplemente aguanten en silencio el
genocidio social. Si con discursos “contra el modelo” el gobierno consigue
disolver la protesta popular y acallar los ecos de la rebelión del 20 de
diciembre, la clase dominante habrá logrado una vez más preservar sus privilegios
a costa de la mayoría. Puede haber crecimiento y nuevos negocios, pero sobre un
trasfondo de fractura social ya definitiva. La pobreza quedará instaurada como un
dato estructural del país y el desempleo masivo formará parte del paisaje
nacional. Conviene asumir de frente esta cruda perspectiva sin fantasear con
nuevas versiones de la “teoría del derrame”, porque la escandalosa desocupación
persistirá incluso si se afianza la recuperación.

Pero este futuro de decadencia económico-social no es inevitable. Existe la
alternativa de retomar la batalla por el salario, el empleo, la salud y la
educación, buscando los caminos para conquistar la inmediata recomposición de los
ingresos populares. Los fondos necesarios para solventar un aumento salarial
están disponibles en la Tesorería. Si en vez de girarlos al FMI son reciclados
internamente bajo la forma de un incremento de sueldos se podría comenzar a
enterrar en los hechos (y no en las palabras) el modelo regresivo de los 90. A
través de una reforma fiscal que grave a las financistas, las corporaciones y los
acaudalados se podría generar trabajo genuino por intermedio de obras públicas.
Hay un camino para erradicar drásticamente el hambre y superar aceleradamente la
pobreza. Con la reducción de la jornada laboral se podría redistribuir el trabajo
sobrante entre los desempleados y el aumento del crédito publico permitirá una
reactivación general y el impulso a los nuevos tipos de actividad creados por
las cooperativas y las fábricas recuperadas.

Pero ninguna de estas iniciativas puede instrumentarse bajo la custodia del FMI
porque los acreedores solo aceptan medidas que aseguren el mayor pago inmediato
de la deuda. Por eso en esa mesa de negociaciones no hay lugar para un proyecto
alternativo. Desde allí no se podrá avanzar hacia la reconstrucción de un “país
normal”, es decir sin hambrientos, ni empobrecidos. Pagarle a los acreedores
mientras la mayoría sobrevive con sueldos o subsidios irrisorios es una obscena
inmoralidad que Lavagna disimula con fuegos de artificio.

De la mano del FMI la Argentina volverá a reinsertarse en el mundo de los
banqueros que saquearon al país. Frente a este destino es posible apuntar hacia
otra estrategia favorable al bienestar popular. Pero este proyecto exige resistir
la naturalización de la miseria y comprender que la política en curso no es un
“mal menor”, sino otro peldaño de un sufrimiento sin final. No hay que engañarse
aceptando la misma receta con otro envoltorio. Un programa alternativo de
reconstrucción popular de la economía es factible si demandamos lo que nos
corresponde: recuperar nuestro salario, nuestro trabajo y nuestros derechos
sociales.

* Claudio Katz, economista argentino, es profesor de la UBA y miembro del EDI
(Economistas de Izquierda).

19 de septiembre de 2003.