La imagen de la Virgen de Guadalupe es, desde junio de 2002, una
marca registrada otorgada al ciudadano chino Wu You Lin, que por 2
mil 400 pesos mexicanos obtuvo el monopolio de uso en sus productos
por diez años, con derecho a licenciarlo a terceros y opción a
renovación. Una verdadera ganga, considerando que, según informó
Rodrigo Vera en Proceso (9/2/2003), la Basílica de Guadalupe hizo un
contrato cediendo el uso exclusivo de la imagen guadalupana en marzo
del mismo año a la empresa transnacional Viotran por 12.5 millones
de dólares, válido por cinco años. Claro, que en ese paquete también
se incluyó a San Juan Diego y se le garantizó a la empresa la
“bendición especial” del rector de la Basílica, Diego Monroy –
firmante del contrato-, o de Norberto Rivera, arzobispo primado de
México.

virgen_Guadalupe

Según aclaró el director general del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), “no había sustento
jurídico” para negarle el registro de la marca al comerciante Wu You
Lin. Más allá de que varios juristas mexicanos discuten esta
afirmación, es interesante que el IMPI y las autoridades de la
Basílica de Guadalupe parecen manejar un concepto más laxo de la
moral que la propia Organización Mundial de Comercio (OMC). En ella,
en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas
al Comercio, el artículo 27 (2) dice: “Los miembros podrán excluir
de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en
su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden
público o la moralidad”. Pero pareciera que ni para el IMPI ni para
las autoridades de la Basílica de Guadalupe la venta del uso
comercial exclusivo de la Virgen de Guadalupe está relacionado con
ninguna de esas categorías.

Según encuestas, hay en México muchos más guadalupanos que los que
profesan la religión cristiana. No es extraño, ya que la Virgen de
Guadalupe es uno de los sincretismos religiosos indígenas más
extendidos. La mayoría de las culturas indias mexicanas asocia o
reúne en la misma figura a esta virgen con la madre tierra,
Tonantzin, y otras.

Joan Martínez Alier, conocido economista catalán -referente obligado
en temas de economía ecológica-, participó en septiembre de 2000 en
el seminario Biopiratería o bioprospección, derechos indígenas y
campesinos, realizado en México. En esa ocasión decía: “no es
cuestión de traducir la cultura a dinero. La gente pobre del mundo
sabe esto muy bien, y en su lucha ha tenido que aprender muchos
lenguajes: español, inglés y ahora el lenguaje de la economía y el
lenguaje jurídico de la Constitución, para intentar resguardar sus
derechos indígenas. Además, según la cosmología propia de estas
culturas, la tierra y el subsuelo son sagrados. Es como la Virgen de
Guadalupe: si algo es sagrado no se puede alquilar ni vender a
Japón, por ejemplo; sería un insulto decir a qué precio se vende la
Virgen de Guadalupe o la Bandera nacional. Quizá, si se reconocieran
las cosas consideradas sagradas en el mundo, sería una manera de
combatir la globalización del mercado. Hay cosas que sencillamente
no se pueden vender. El punto central es repensar la
inconmensurabilidad de los valores. No son equiparables los valores
económicos con los ecológicos, o con los de la cultura de la gente o
los valores sociales. Así es como encaja la economía ecológica con
la defensa del ecologismo popular: la gente campesina e indígena que
no se dice ecologista, que no quiere ni usar esa palabra pero que en
el fondo son los verdaderos ecologistas, combaten para mantener los
recursos naturales a disposición de la gente.”

A contrapelo de todos ellos, la globalización del mercado y sus
acólitos avanzan bárbaramente, y el ejemplo que en ese momento causó
estupor en el público ahora es una realidad, al igual que la
privatización creciente del agua, los bosques, la biodiversidad, los
recursos genéticos e inclusive los conocimientos indígenas. Todos
los sistemas de propiedad intelectual son una forma de
privatización, de despojo del patrimonio público.

Es parte de la misma esencia vender a la Virgen de Guadalupe,
patentar plantas medicinales y semillas o convertir el cuidado de
los bosques y los suelos en una mercancía que con el mal usado nombre
de “servicios ambientales” también puede ser comerciada. La OMC lo
tiene claro y por eso ha ido incluyendo todos estos temas en su
agenda, en la tarea de redactar la nueva constitución del mundo
mediante sus regulaciones. Obedientes, los gobiernos e instituciones
nacionales se encargan de ir aún más lejos de lo que se les dicta.

Pero nada de esto son mercancías. Son parte de las culturas y eso es
lo que hay que defender en su integralidad: los derechos de los
pueblos a sus formas diversas de vida y de entender la religiosidad,
así como el derecho a los recursos que cuidaron y desarrollaron por
milenios.

Quizá el ejemplo tan brutal que para la vasta mayoría de los
mexicanos significa hacer una marca registrada de la Virgen de
Guadalupe sea la gota que desborde el vaso, o pronto tendremos que
pagar desde el agua de ese vaso hasta el aire que respiramos, y sólo
podrán vivir los que puedan comprarse ese derecho.

* Silvia Ribeiro. Investigadora del Grupo ETC

(publicado en La Jornada, México D.F. Martes 19 de agosto de 2003)