“…
que se privatice el Pórtico de la Gloria de Santiago de
Compostela, que se privatice la Cordillera de los Andes, que se
privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice
el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se
privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre
todo si es el diurno y con los ojos abiertos.  Y, finalmente,
para florón y remate de tanto privatizar, privatícense
los Estado, entréguese de una vez por todas su explotación
a empresas privadas mediante concurso internacional.  Ahí
se encuentra la salvación del mundo… y, metidos en
esto, que se privatice también a la puta que los parió
a todos.”
José Saramago, Premio Nobel de Literatura
1998


Al
cumplirse el sexto mes del Gobierno de la Alianza Sociedad
Patriótica-Pachakutik-MPD, los postulados y el programa que
guiaron el levantamiento del 21 de enero del 2000: oposición a
la privatización, no al ALCA, suspensión de la
dolarización, fin de la impunidad y la corrupción,
rechazo al Plan Colombia, han sido abandonados de raíz por el
Presidente Coronel Lucio Gutiérrez (LG).  Del espíritu
antineoliberal y transformador que invadió calles y plazas de
la Patria, hoy solo va quedando un recuerdo poco a poco convertido en
indignación social.  La palabra traición empieza a
regarse por las paredes de las ciudades, mientras varios sectores
sociales comienzan a quitarse el vaho del silencio, de la complicidad
y a retomar el caudal histórico de la resistencia.  Entre
tanto el Coronel camina rápidamente al lado de los Generales
que el 22 de enero ahogaron la rebelión popular.


Una
de las expresiones más contundentes de oposición al
neoliberalismo del Coronel, constituye la huelga petrolera
protagonizada por la Federación Nacional de Trabajadores
Petroleros FETRAPEC, entre el 10 y el 18 de junio de 2003, quizás
la más significativa del país sudamericano, cuyo
objetivo central fue el rechazo a la “privatización
invisible” del petróleo, bajo la modalidad de contratos
de Asociación.


La
jornada, pese a su alta participación, dejó un
desenlace adverso para los trabajadores y su dirigencia, hoy
despedida, encarcelada y perseguida, pero también está
revelando en la superficie, obscuros y peligrosos intereses y ensayos
económicos y políticos que ha puesto en juego el
Gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez.


La
movilización de los trabajadores se produjo luego de cuatro
meses de diálogos frustrados, en medio de una pugna interna
entre dos visiones del modelo hidrocarburífero.  El
conflicto dividió al sector: por un lado el Presidente Lucio
Gutiérrez y el Ministro de Energía, Carlos Arboleda
Heredia (CAR-AR-HER), quienes abandonaron una política
hidrocarburífera nacionalista suscrita con los trabajadores de
la estatal petrolera y acabaron en la orilla de los intereses
transnacionales y de las cámaras empresariales criollas. 


Al
otro lado de la polémica estaban las autoridades de
PETROECUADOR
[1],
presidida por el Capitán Guillermo Rosero, un oficial de
significativa participación en el levantamiento del 21 de
enero del 2000, respaldado por una mayoría del ex Consejo de
Administración y por las organizaciones laborales de la
empresa, que impulsaron un proyecto de inversión sin
privatización bajo contratos “fuera de balance” o
servicios específicos para la optimización e incremento
de la producción e industrialización, sin comprometer
las reservas de crudo, ni la operación de las actuales áreas
de PETROECUADOR.  Con esta modalidad el Estado recibiría
el 99.3% de participación y las inversiones se amortizarían
en un año y medio y no en veinte años como se
establecen en los contratos de Asociación.


La
amistada entre Lucio Gutiérrez y George W.  Bush, está
significando un altísimo costo para el país en materia
petrolera: recorte de 360 millones de dólares de inversión
propia de PETROECUADOR, absoluta garantía y protección
a las compañías extranjeras que operan en el país,
devolución a las transnacionales petroleras del Impuesto al
Valor Agregado IVA retenido por el SRI (US$ 200 millones), transporte
del crudo de PETROECUADOR por el Oleoducto de Crudos Pesados OCP,
privatización o concesión de la empresa estatal y
garantías para la participación de empresas vinculadas
a funcionarios de la Administración Bush, como es el caso de
la compañía Global Petroleum Investmen. 


Los
aspectos centrales del conflicto



1.                 
Contratos de Asociación
[2].-
La aplicación de los contratos de Asociación que
significa la entrega de los cinco grandes campos petroleros,
refinerías, terminales, oleoductos y poliductos, una modalidad
contractual que solo es aplicable para proyectos de riesgo quería
ser instrumentalizada para áreas en producción. 
Con esos contratos el Estado apenas recibiría una
participación del 40%.  Solo en la producción de
crudo el Estado perdería 11 mil millones de dólares en
20 años.  Actualmente PETROECUADOR entrega al fisco el
90% de los ingresos.



2.                 
Transporte de crudo.- La propuesta de las ex autoridades de
PETROECUADOR y de los trabajadores es que todo el petróleo del
Estado de los contratos de Participación, Prestación de
Servicios y Campos Marginales, unos 90 mil barriles día, se
transporte por el oleoducto estatal SOTE con una tarifa de US$ 0,35
por barril, y no por el ducto privado OCP con una tarifa de US$ 2,00
por barril.  La diferencia representa un ahorro para el país
superior a los 45 millones de dólares anuales.  La
propuesta técnica de los trabajadores significa acabar con los
perjuicios por las mezclas de crudos, transportando el petróleo
por batcheo: 110 mil barriles día de crudo de 26.5° API
para refinería Esmeraldas con lo cual la planta mejoraría
un 15% la producción de productos limpios; cincuenta mil
barriles día de crudo de 28° API para la Refinería
La Libertad; y el resto de crudo mezclado de 24.7° API para la
exportación.  El Estado no tiene porque financiar una
obra privada como el OCP.



3.                 
Comercialización e importación de gas licuado de
petróleo.-
Impulso para que la Filial PETROCOMERCIAL
envase y comercialice gas licuado de petróleo (GLP), en sus
plantas que se encuentran abandonas o semi- paralizadas, para lo cual
deberá conformar una red propia de distribuidores con la
participación de los sectores indígena, campesino y
urbano marginal.  La presencia de PETROCOMERCIAL en el marcado
de GLP permitiría reducir en 20 millones de dólares
anuales el subsidio estatal, además de regular y controlar el
mercado dominado desde hace 15 años por transnacionales como
AGIP y REPSOL-DURAGAS.


La
propuesta de los trabajadores de PETROECUADOR, es que se suprima la
intermediación y se importe GLP en forma directa, a través
de un Convenio con PDVSA de Venezuela, con lo cual el país
recuperaría US$ 50 millones anuales.  FLOPEC empresa
estatal ecuatoriana participaría en el transporte y
almacenamiento, hasta que el Estado construya el almacenamiento en
tierra.  El cambio de esquema de importación y
comercialización del GLP representaría un ahorro de 70
millones de dólares anuales, con lo cual no se justifican las
pretensiones de eliminar el subsidio al gas de consumo doméstico.


Este
caso aceleró la caída del Presidente Ejecutivo
Guillermo Rosero y de varios miembros del Consejo de Administración
que impulsaron acuerdos con la estatal venezolana PDVSA.  Las ex
autoridades de PETROECUADOR resolvieron no renovar o ampliar el
contrato de importación de GAS con la compañía
Trafigura por los altos costos para el Estado y autorizó las
negociaciones con PDVSA.  Un día después de haber
adoptado esta resolución el régimen dispuso la
destitución sin proceso del Presidente de PETROECUADOR y tres
miembros del CAD. 


Diferencias
comparativas entre las modalidades contractuales en pugna


Un
análisis de la rentabilidad de los cinco grandes campos
petroleros operados por PETROECUADOR, elaborado por un equipo de
profesionales
[3]
de la estatal, advierte del peligro de los contratos de asociación
petrolera para la economía nacional y revela que con una
mínima inversión de US$ 128 millones de dólares
se alcanzaría a recuperar 45 mil barriles día de los
cinco campos, generando al país, ingresos adicionales del
orden de US$ 395 millones anuales.  Las inversiones se
amortizarían en apenas 444 días, sin transferir la
propiedad, ni la operación al capital privado.


En
el estudio que sirvió de base para la formulación de un
documento global sobre alternativas económicas, presentado por
el Consejo de Administración de Petroecuador, (CAD), al
Presidente Lucio Gutiérrez, se establecen tres alternativas:
“la primera mediante inversión directa del Estado para
incrementar la producción de petróleo; la segunda, con
aporte de capital externo al Estado a través de los contratos
de Asociación; y la tercera, bajo la modalidad de servicios
específicos o “fuera de balance”
[4].



























































ÁREA




PRODUCCIÓN
INCREMENTAL ESPERADA, BPPD




INVERSIÓN
TOTAL, US$




TIR, %




RELACIÓN
BENEFICIO/COSTO, IC




AUCA




10,000




29,772,000




73.25%




2.70




LAGO AGRIO




3,000




18,372,000




27.45%




1.10




LIBERTADOR




12,000




28,344,000




109.37%




3.99




SACHA




15,000




23,472,000




180.44%




6.49




SHUSHUFINDI




5,000




27,852,000




21.75%




0.93




TOTAL




45,000




127,812,000




 




 






En
el cuadro anterior consta un resumen de la producción
incremental esperada, que se obtendría con la inversión
de la compañía contratista, bajo alguna de las
modalidades de contratación señaladas.  Se
concluye que:



·       
El volumen de producción incremental que se obtendría
es de 45 mil barriles de petróleo por día (BPD), que al
año representa 16.2 millones de barriles de petróleo.



·       
El monto total de inversión requerida es de 128 millones de US
Dólares.



·       
La Tasa Interna de Retorno (TIR), de las áreas operativas
Sacha, Libertador y Auca es 180.44%, 109.37% y 73.25%,
respectivamente.  Estos valores de TIR son alentadores para
cualquier inversionista, e indican la gran rentabilidad de estas
áreas.  Esto se corrobora con el cálculo del
Índice Beneficio/Costo, (IC), que en estos casos es bastante
elevado. 


Si
se consideran las reservas de petróleo por explotar, que se
encuentran en los grandes campos, a un precio referencial de 20 US
$/barril, se tendrían las siguientes cifras, en los tres
escenarios:


 



































































































ÁREA




RESERVAS
REMANENTES




PRODUCCIÓN
ACTUAL, BPPD




PRODUCCIÓN
INCREMENTAL ESPERADA, PVD




INVERSIÓN
TOTAL, US$




INGRESOS
DIARIOS POR INCREMENTAL, US$/DÍA




DIRECTA




ASOCIACIÓN




MODELO “OFF
BALANCE”




INGRESO TOTAL
NETO, US$/DÍA @ (20 US$/BL)




INGRESOS
ESTADO @ 40%




INGRESOS
ESTADO @ 65% HASTA EL FIN DEL MODELO




PLAZO DE PAGO
(DÍAS)



AUCA




264,854,659




44,485




10,000




29,772,000




200,000




80,000




120,000




465



LAGO
AGRIO




103,097,963




10,022




3,000




18,372,000




60,000




24,000




36,000




957



LIBERTADOR




229,467,859




56,453




12,000




28,344,000




240,000




96,000




144,000




369



SACHA




280,756,973




43,079




15,000




23,472,000




300,000




120,000




180,000




245



SHUSHUFINDI




584,000,000




56,009




5,000




27,852,000




100,000




40,000




60,000




870



TOTAL




1,462,177,454




210,048




45,000




127,812,000




900,000




360,000




540,000




444



 


Considerando
sólo la producción incremental, el ingreso
adicional para el Estado sería de 900 mil dólares
diarios, en caso de que se realice inversión directa de
PETROECUADOR.


Si
se optare por los contratos de asociación, el Estado perdería
en los 20 años 11 mil millones de dólares, tanto en el
porcentaje de producción incremental, cuanto por el incremento
de los costos de producción de la producción base, que
subirían de US$ 3,00 a 7 u 8 dólares el barril, costos
que deben ser cubiertos por PETROECUADOR a la compañía
contratista. 


En
cambio con el contrato de servicios específicos “Off
Balance”, el Estado percibiría en forma directa un
ingreso adicional diario de 540 mil dólares que corresponden
al 65% del total, destinándose la diferencia, 35%, para el
pago del capital e intereses.  Si la tasa de interés
fuese del 25%, el pago del capital más interés estaría
cubierto en un plazo de aproximadamente 444 días; luego de lo
cual, el 100% de los ingresos de esta producción incremental
corresponderían al Estado, o sea 900 mil dólares
diarios, US$ 395 millones al año.  De esta forma se
obtendría para el país la ventaja significativa de
mantener la propiedad de las reservas remanentes
, de los cuales
se destinarían para el pago de las inversiones en las cinco
áreas operativas aproximadamente de 10 a 14 millones de
barriles, a 18 US$/bl, con lo que el Estado mantendría en su
poder el equivalente al 99.3% de tales reservas. 


Las
cifras invitan a preguntarnos ¿a quién se le ocurre por
tan poca inversión (US$ 128 millones) entregar a manos
extranjeras las últimas reservas de crudo liviano que tiene la
Patria (2 mil millones de barriles, US$ 40 mil millones)? Resultaría
como vender el carro para comprar la llanta de emergencia. 


La
movilización petrolera


El
objetivo central de la dirigencia petrolera era llegar al 11 de junio
de 2003, con una movilización de trabajadores, como un
elemento de presión política, ese día el
Presidente Gutiérrez anunció que definiría la
política petrolera y en particular la suerte de los
cuestionados contratos de Asociación.  Pero, días
antes LG y CAR-AR-HER, se adelantaron a dar un golpe de estado en
Petroecuador, descabezando a la Dirección Ejecutiva de la
empresa: Guillermo Rosero, Víctor Hugo Jijón
(Pachakutik), Alex Guzmán y al representante de los
trabajadores Marcelo Román.  El único
sobreviviente fue Danny Jarrín, sobrino político de
Lucio Gutiérrez..


La
destitución sin proceso de las autoridades de Petroecuador
conjugó los intereses del Gobierno de LG con el Partido
Socialcristiano
[5],
como se evidencia en sendas cartas remitidas a la Procuraduría
del Estado por los Diputados Xavier Sandoval, alterno de LFC, Pocho
Harb y Luis Almeida, a más de pedido del Ministro Carlos
Arboleda y una solicitud verbal del Primer Mandatario al Procurador,
exigiendo la salida de Marcelo Román del Consejo de
Administración, con el deleznable pretexto de que no tenía
título académico.  Paradójicamente, el
único salvado, Danny Jarrín, según el Consejo
Nacional de Educación Superior, CONESUP, no tiene título
registrado.


Las
acciones de paralización y movilización alcanzaron una
adhesión total de los trabajadores, llegando a suspender
actividades que otrora jamás se habían comprometido,
como la reducción sustancial de la explotación de
petróleo de los campos amazónicos, la suspensión
de la entrega de crudo liviano-diluyente a las compañías
transnacionales, el transporte y comercialización de
combustibles por poliductos y terminales de despacho, baja de carga
en las refinerías, suspensión total de actividades
administrativas que incluyeron el retraso de varios embarques y
desembarques de crudo y derivados. 


La
estrategia de la FETRAPEC era llegar el 11 de junio a la mesa de
diálogo con el Presidente de la República y definir de
una vez la suspensión de los contratos de asociación y
las demás demandas planteadas.  En efecto, el martes en
la noche, el régimen convoca a las 23H00 a los dirigentes
petroleros al Palacio de Carondelet.  Participan en
representación del gobierno el Diputado Gilmar Gutiérrez,
hermano del Presidente y el Secretario General de la Administración,
Patricio Acosta. 


Tras
cinco horas de reunión y consultas al Primer Mandatario se
acepta la firma de un Acuerdo de dos partes: la primera relativa a la
salida del Ministro Carlos Arboleda en un plazo máximo de dos
semanas, documento suscrito con Patricio Acosta; y la segunda,
respecto a política petrolera, debía ser sometida a
consulta con los trabajadores. 


En
medio de las discusiones (en momentos de falta de acuerdo) sobre la
salida del Ministro Arboleda, Gilmar Gutiérrez llegó a
advertir, en caso de que no se suspendiera la medida de hecho: “a
nosotros nos interesa que el paro continúe para generar un
ambiente de caos y convulsión social para disolver el Congreso
y las Cortes, o al menos crear una crisis de gabinete y cambiar a
varios ministros”.


Las
expresiones de Gilmar Gutiérrez que parecían distantes
y exageradas la madrugada del miércoles, fueron adquiriendo
materialidad en el transcurso de ese día y de los
subsiguientes.  En efecto, el miércoles a las 11 de la
mañana FETRAPEC remite a la Presidencia de la República
el texto del acuerdo aprobado por los trabajadores, con cuya firma se
suspendería la medida; pero, se cierra toda respuesta y
comunicación de parte del régimen.  LG y
CAR-AR-HER habían cambiado de estrategia, a partir de ese
momento el paro petrolero sería “conducido” por
ellos para conseguir otros objetivos, los que ahora conoce el país
o al menos se empiezan a dibujar en el ambiente. 


En
primera instancia se negó la validez del acuerdo firmado con
Patricio Acosta, por el contrario, LG expresa todo el respaldo al
Ministro Arboleda y solicita al jefe del Comando Conjunto, General
Oswaldo Jarrín, la detención de 12 de los dirigentes
petroleros sin existir proceso legal alguno, mucho menos boletas de
captura.  La negativa del alto oficial, como hoy se conoce
públicamente, fue uno de los motivos para su salida de las
FFAA.


Sin
posibilidades de una salida negociada al conflicto y con una decisión
inquebrantable de los trabajadores para mantenerse en la huelga, la
dirección continúa con las acciones de paralización,
técnicamente organizadas, esto es, sin afectar ni atentar
contra la infraestructura operativa del sistema de Petroecuador. 


Mientras
se daban los hechos anotados, súbitamente se presenta la
paralización total del Oleoducto Transecuatoriano SOTE, que
venía operando a la mitad de su capacidad con tres de sus seis
bombas.  El Ministro de Energía, 30 minutos después
de suscitada la paralización del SOTE, informa al país
que el oleoducto se había parado por una acción de
sabotaje y terrorismo de los trabajadores, quienes se habrían
sustraído tarjetas y varios CPUs. 


Las
organizaciones laborales de PETROECUADOR han rechazado las
acusaciones y exigen investigaciones para determinar las causas y los
responsables del hecho.  Varias declaraciones de testigos, entre
ellos guardias del SOTE, dan cuenta de que funcionarios extraños
ingresaron a las estaciones y salieron con los CPUs, pero que no eran
trabajadores ni dirigentes sindicales.  Si no eran trabajadores,
ni dirigentes, ¿quiénes eran y a quién le
interesaba crear el caos?


Los
días posteriores se tendieron muchos puentes para llegar a
Patricio Acosta, Lucio Gutiérrez o Gilmar Gutiérrez,
todos infructuosos.  El gobierno no quería ningún
acuerdo con los trabajadores, todo lo contrario, trataron de llevar
la medida al límite e impulsar los nuevos acuerdos que a esa
altura se estructuraban con las fuerzas políticas y económicas
interesadas en el negocio petrolero: el principal objetivo era
descabezar y silenciar a la dirigencia laboral; crear un ambiente de
terror y pánico, persiguiendo a más de cincuenta
trabajadores, con los aparatos de inteligencia militar y policial,
interviniendo las llamadas telefónicas, iniciando procesos
penales por terrorismo y sabotaje contra 12 dirigentes y violentando
los derechos laborales a través de vistos buenos ilegales. 
Todas estas expresiones solo recordadas de la época del
gobierno de extrema derecha de León Febres Cordero, hoy
visible aliado de LG.


Los
aliados de izquierda


Hay
varias interrogantes y lecciones que empiezan a surgir y a aprender
los trabajadores ecuatorianos y otras organizaciones populares: ¿cuál
fue el rol de los asesores “izquierdistas” que circundan
al Presidente Gutiérrez? Virgilio Hernández de
Pachakutik, Subsecretario de Gobierno, en un gesto de dignidad
renunció al cargo denunciando manipulación del paro por
parte del gobierno y falta de ética en la negociación. 
Pero que actitud adoptó el dirigente de la CEOSL-ORIT, José
Chávez? Hay versiones serias de que habría sido él
quien instruyó al Gobierno la aplicación de masivos
vistos buenos en contra de los trabajadores petroleros; pero también
se exige respuestas a Ciro Guzmán y otros militantes del
Partido Comunista Marxista Leninista PCMLE-MPD cercanos a Gutiérrez,
respecto a negociaciones a espaldas de la dirección de
FETRAPEC, sostenidas por un cuestionado y expulsado dirigente de
PETROPRODUCCION, Mariano Santos con el Presidente Gutiérrez. 


Además
se reclama explicaciones al MPD-PCMLE respecto a la coincidencia en
la campaña y contenido de las calumnias y acusaciones
temerarias en contra de varios dirigentes petroleros, publicadas en
el periódico de esa organización “En Marcha”,
idénticas a las propaladas por el Ministro Carlos Arboleda, en
una auténtica campaña de criminalización y
satanización del paro y sus dirigentes.  Desde hace dos
años el MPD-PCMLE perdió todo espacio en el movimiento
laboral petrolero debido a su constante práctica patronal y
divisionista.  Tanto FETRAPEC como los Comités de Empresa
de PETROECUADOR han sostenido una mayor presencia en la Coordinadora
de Movimientos Sociales y en alianzas con el movimiento indígena.


Una
vez finalizado el paro y en medio del regocijo de las transnacionales
petroleras y de las cámaras empresariales, LG anunció
mano dura y sanción ejemplar para los trabajadores petroleros
y sus organizaciones, un sector social que el 21 de enero del 2000
acompañó con un paro similar la rebelión
cívico-militar que derrocó al régimen neoliberal
y privatizador de Jamil Mahuad.  Los petroleros meses antes
habían apoyado militantemente la campaña electoral que
puso en Carondelet al Coronel LG.


Un
viraje sospechoso


Tras
el paro petrolero el gobierno anunció al país la
decisión de no privatizar PETROECUADOR y particularmente la
suspensión de los contratos de Asociación para la
entrega de los cinco grandes campos petroleros, y afianzó la
modalidad de servicios específicos para incrementar la
producción de crudo, es decir, acogió aparentemente la
propuesta de los trabajadores, aunque persigue y encarcela a sus
autores. 


La
decisión comunicada por el gobierno ha provocado la
indignación de sus aliados transnacionales y advierte con
generar una nueva crisis en el sector petrolero.  Las compañías
extranjeras y sus socios criollos no están dispuestos a perder
el mangar de los cinco grandes campos de crudo liviano, única
garantía para volver rentable el Oleoducto de Crudos
Pesados
[6]
y seguir beneficiándose del subsidio
[7]
del paralítico y ominoso Estado al que dicen “odiar”.


La
aparente condescendencia programática de LG con los
trabajadores petroleros y sus aliados progresistas de suspender la
concesión de los cinco campos de PETROECUADOR a través
de contratos de Asociación, es sólo coyuntural y
declarativa, en la práctica habría la decisión
de no viabilizar los contratos de servicios específicos para
reactivar la producción de crudo, sino de impulsar en el
Congreso Nacional con el apoyo socialcristiano y el FOPEC (Foro de
Opinión Petrolera) los contratos de Gestión Compartida
o Join Venture.


Petróleo:
oxígeno para la dolarización


La
definición de la política hidrocarburífera del
Gobierno de Lucio Gutiérrez debe ser vista en el marco de la
política económica global definida en los acuerdos con
la administración Bush, el Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial y en el contexto de las estrategias del capital
transnacional y del imperialismo norteamericano a través de
instrumentos de anexión y dominio como: el Area de Libre
Comercio para las Américas ALCA, la dolarización y el
Plan Colombia.  En esa dirección debemos entender el
alejamiento total de LG de los acuerdos y postulados suscritos con
varias organizaciones políticas y sociales de la alianza
gubernamental y los conflictos que hoy la atraviesan.


El
viraje o desenmascaramiento de LG en materia petrolera tiene una
explicación de fondo: el sostenimiento desesperado del esquema
de dolarización.  El oxígeno para alargar la
agonía del dólar en el Ecuador está en el
petróleo, en la concesión o “privatización
invisible” del más importante recurso económico
del país, que le permitiría a LG la llegada de algunos
cientos de millones de dólares para aliviar el dolor.  En
esa línea también debe comprenderse el acuerdo con el
Partido Social Cristiano para viabilizar un posible factoring
petrolero o venta anticipada de crudo, reactivando una vieja opción
de ese partido.  En ese momento surge la propuesta de la empresa
Global Petroleum Investmen, que ofrece una inversión de entre
5 y 8 mil millones de dólares para los proyectos: Ishpingo
Tambococha Tiputini (ITT), los cinco campos de PETROPRODUCCION,
refinerías, etc, es decir prácticamente asegurándose
el control total del recurso petrolero.


La
particularidad de la propuesta radica en los sectores que están
detrás de Global Petroleum Investmen.  Según
documentos oficiales de PETROECUADOR y conforme a la investigación
realizada por Diario Expreso, Global Petroleum estaría
directamente relacionada con el Presidente de EEUU, a quien LG le
habría asegurado los negocios en Ecuador.


¿Quiénes
están detrás de Global Petroleum Investments? Uno de
los principales accionistas, según fuentes de Petroecuador, es
John Bush, primo del presidente de los Estados Unidos, George W. 
Bush.  Por parte de Ecuador, sus
representantes son José Ordóñez, director de
Vachagnon y Cristian Huerta.  Supuestamente por este motivo, la
semana pasada estuvo en el Palacio de Gobierno un representante del
secretario de Estado de la Casa Blanca, Colin Powell.  Lucio
Gutiérrez, antes de viajar a la Cumbre de Río, confirmó
a EXPRESO esta visita y que la propuesta está siendo
analizada, pero “todo se hará por licitación”. 


En
otra carta, de mayo 13 del 2003, dirigida al presidente de la
República, por parte de Li Hua Guo, presidente de Global
Petroleum Ecuador, con sede en Guayaquil, se informa que:
“Concretamente, Global Petroleum Ecuador ha aglutinado a
un grupo de inversionistas con asiento en América, Asia y
África, quienes se encuentran dispuestos a invertir en la
instalación de la refinería de petróleo, una
planta de producción de energía eléctrica y una
planta petroquímica.  Para desarrollar estas inversiones
se vuelve conveniente que el proyecto de inversión petrolera,
conocido como ITT, se vincule de manera directa a este tipo de
inversiones, encontrándonos en condición de construir y
entregar los tubos necesarios para interconectar los bloques de
explotación a la refinería”.


“Es
la intención de Global Petroleum Ecuador iniciar nuestras
inversiones sobre la base de la irremplazable participación
del proyecto ITT”. 
La GPI
invertiría USD 8.000 millones, sobre la base contractual de un
join venture (alianza estratégica), en una operación
financiera cuyos costos aún no están claros para el
EcuadorEs decir, se acepta esta inversión ¿a
cambio de qué? En una propuesta similar, en 1999,
aparentemente del mismo grupo Global, se pidió que el Ecuador
garantice el préstamo, que en esa ocasión era de USD
3.500 millones, con sus reservas petroleras.  Se pidió
también una venta anticipada de petróleo por 30 años.


Sin
embargo, el tema político pesa.  En la carta de Li Hua
Guo a Lucio Gutiérrez, el inversionista anuncia que el señor
John Bush no pudo llegar al Ecuador, pero que “ha puesto a
las órdenes la cercana relación que mantienen con la
Casa Blanca y el secretario de Estado, Colin Powell, particular del
que estamos seguros, el país podrá verse beneficiado”. 
(Diario Expreso)


Otra
particularidad de la propuesta de Global Petroleum que acerca en el
plano nacional a LG con el Partido Socialcristiano, sería la
vinculación con la empresa Vachagnon y Santiago Cuesta
Caputti, además de las coincidencias en el factoring
petrolero, presentado por León Febres Cordero como una de las
tablas de salvación para la crisis económica del país
y para intentar evitar el colapso de la dolarización. 


El
acuerdo LG-LFC se ve más allá del Congreso y las Cortes
de Justicia, está orientado también a los negocios
petroleros; en esa línea se contemplaría una reforma a
la Ley de Hidrocarburos para reintroducir la cuestionada modalidad de
Gestión Compartida o Join Venture, declarada inconstitucional
por el TC el año 2001.  En circunstancias que los
contratos de asociación no son legalmente viables para los
cinco grandes campos de PETROECUADOR y en función de no dar
paso a los contratos de servicios específicos, se adelanta en
el Congreso Nacional el tratamiento y aprobación de la citada
modalidad de gestión compartida, previamente acordada con las
compañías transnacionales.


Destellos
del acuerdo PSC-PSP en el sector hidrocarburífero se veían
venir, incluso desde antes de la posesión de LG.  Por
ejemplo la estrecha vinculación del Presidente Gutiérrez
con el Diputado Socialcristiano Luis Almeida, se evidenció en
la presión para designar a Pedro Almeida Morán, hermano
del mencionado Legislador como Gerente de Comercio Internacional de
PETROECUADOR, frente a lo cual, los trabajadores mantuvieron una
frontal oposición.  Finalmente, Almeida Morán hoy
está encargado de la estratégica dependencia por donde
se tramitan al año negocios superiores a los mil millones de
dólares. 


Conclusión
y alerta


La
neutralización y ruptura temporal del movimiento petrolero,
ejercida por el régimen a través de acciones
policíacas, tiene como objetivo cumplir en un cortísimo
plazo, los acuerdos comprometidos por Gutiérrez a Bush y a los
organismos multilaterales, esto es la apertura total del sector
petrolero estatal al capital extranjero, en particular al
norteamericano.  Así cumplen dos metas: privatizar y
sostener agónicamente la dolarización. 


En
el mediano plazo PETROECUADOR será poco a poco desmantelada
como operadora.  La más grande empresa estatal está
hoy nuevamente secuestrada por los mismos grupos de poder criollos
vinculados a los aceitosos negocios del petróleo, la mayoría
de ellos representados en el Congreso Nacional.  Esto rubrica la
continuidad de la corrupción y del blanqueado del dinero
proveniente del estiércol del diablo.


Solo
la unidad del campo popular y una urgente redefinición
política de los actores sociales que aún se endulzan en
Carondelet, podría impedir uno de los más grandes
asaltos a los bienes patrimoniales del pueblo… la
privatización invisible del petróleo.





[1]
PETROECUADOR aporta cerca del 40% del PGE, 1900 millones de dólares
en el 2002; tiene los costos de producción por barril de los
más bajos del continente US$ 2.50 y una rentabilidad por
empleado de US$ 352 mil dólares anuales.  Según
revistas especializadas la estatal ecuatoriana es la tercera más
rentable de América entre empresas de su género.




[2]
Las bases y reglamentos de los contratos de Asociación
presentados por el Ministro CAR-AR-HER son idénticos a los
presentados el año 2002 por el Gobierno de Gustavo Noboa y
fueron elaborados por el bufete de abogados Pérez Bustamante
& Ponce, como consta en los archivos de Word de los disquetes
entregados por el Ministerio de Energía, de los que se
olvidaron borrar las propiedad de origen.  Pérez
Bustamante son los abogados de las principales compañías
transnacionales que operan en el país y del Consorcio OCP
Ecuador.




[3]
Estudio elaborado por equipo de profesionales asesores del CAD, en
los que participaron los Ingenieros Roberto Cabezas y Darwin Bravo,
entre otros.




[4]
Contratos “Fuera de Balance” son aquellos que no
involucran endeudamiento público, no constan en el
Presupuesto del Estado, ni de la Empresa y tampoco implica la
transferencia de dominio y de la operación.




[5]
El PSC tiene especiales intereses en el negocio petrolero.  La
familia Febres Cordero está vinculada al negocio de los
asfaltos, lubricantes y gas.  En el último período
presionó para la adjudicación de varios proyectos como
el de Automatización de Poliductos y Terminales por un monto
de US$ 100 millones, obra que no tenía sustento técnico
ni económico.  La suspensión del proyecto fue el
detonante para la destitución de Marcelo Román del
Consejo de Administración.




[6]
OCP.  El Oleoducto de crudos pesados entrará a operar en
septiembre del 2003, tiene una capacidad de 450 mil barriles día
de un crudo de 18 a 24 grados API.  Al momento la producción
de las compañías extranjeras que operan en la región
amazónica y que son socias de OCP Ecuador, es de 160 mil
barriles día de crudo pesado, de los cuales el Estado es
propietario del porcentaje establecido en los contratos.  Para
que sea rentable el ducto OCP requieren un mínimo de 250 mil
barriles día, meta que las compañías no podrán
cumplir, por cuanto no han hecho inversiones para descubrir nuevas
reservas de crudos o incrementar la producción de los
actuales campos en volúmenes que vuelvan sostenible el
proyecto OCP, por ello presionan para que LG les garantice el
transporte de aproximadamente 90 mil barriles día del crudo
de PETROECUADOR de los contratos de Participación, Prestación
de Servicios y Campos Marginales por el OCP.  La diferencia de
tarifa US$ 0.35 por el SOTE, frente a US$ 2,00 por el OCP, significa
un perjuicio para el país superior a los US$ 50 millones
anuales, además de que sería el Estado quien acabe
cofinanciando una supuesta obra privada, como se aseguró era
el OCP.




[7]
Estudios oficiales de PETROECUADOR sostienen que la operación
de las compañías transnacionales es altamente
perjudicial al interés del Ecuador.  Desde 1993 se han
beneficiado de las mezclas de crudos, es decir PETROECUADOR le ha
entregado crudo liviano en calidad de diluyente, sin que hayan
reconocido la degradación del crudo estatal, que significa
aproximadamente unos 180 millones de dólares anuales, que en
una década de esta práctica representaría US$
1.800 millones de dólares.  Un informe del Servicio de
Rentan Internas SRI de 2002, acusa a las compañías
extranjeras de apenas entregar al país US$ 0,42 por barril,
sin contar con las pérdidas por mezclas, el intento de
evasión del Impuesto al Valor Agregado IVA, con lo cual el
estado finalmente acaba subsidiando.  También existen
procesos legales en Ecuador en contra de formas perversas de
corrupción entre las autoridades de petróleos y las
compañías transnacionales, para beneficiar a estas
últimas con campos petroleros de la estatal que son
adyacentes a los bloques originales adjudicados, se denuncia que
todas las compañías han sido premiadas con uno o más
campos para volver rentables las operaciones privadas. 
Occidental recibió dos campos: Limoncocha y Edén
Yuturi, los campos del estado contienen el doble de las reservas del
bloque de Oxy; Repsol-YPF-Maxus fue beneficiada con los campos
Bogi-Capirón y Tivacuno de donde extrajo casi el 60% del
crudo producido; Ker Magee, se llevó el campo Coca-Payamino
de Petroproducción, Perez Companc, el campo Palo Azul con más
de 140 millones de barriles de crudo, mientras el bloque 18 de su
propiedad apenas tiene 7 millones de barriles.  Vintage se
benefició del campo Shiripuno de Petroproducción,
City-Alberta, recibió como premio el campo Fanny 18 B.