De
la deuda externa a la deuda eterna

1.
Introducción

Nicaragua
carece de capacidad para enfrentar los desafíos de la
globalización en igualdad de condiciones con los países
desarrollados; tiene un alto grado de dependencia de la cooperación
internacional y del crédito externo, y necesita recibir un
trato especial para sus exportaciones de parte de las regiones
desarrolladas. Ello coloca al país en una encrucijada, en la
medida en que la apertura comercial y la liberalización
económica lo arroja al escenario incierto del mercado global
en el que los Estados del Sur no ejercen control alguno.

Nicaragua
se sitúa en este escenario sumida en una crisis como
consecuencia del déficit comercial de su balanza de pagos; de
la deuda externa, que consume un alto porcentaje del presupuesto
nacional; del déficit fiscal, de los altos niveles de
inflación, un alto grado de inestabilidad social y desempleo,
pobreza extrema y desigualdades sociales en aumento.

El
país se encuentra así indefenso ante una globalización
que supone el desembarco de multinacionales que compran las empresas
públicas a bajo precio; que alientan la salida de capitales
privados en busca del rápido beneficio, sin vocación de
inversión nacional, lo que implica la desprotección de
los productos propios. Por otra parte, la idea de una globalización
sustentada en la libre competitividad choca violentamente con la
existencia de una dominación estructural a través de la
deuda externa que es siete veces mayor que su capacidad de
exportaciones. Según Néstor Avendaño, “En
el período 2001-2003, el monto aproximado del alivio del pago
de la deuda externa de Nicaragua asciende a US$600 millones. En
términos medio anual, la condonación del pago de la
deuda es de US$200 millones, equivalentes al 7% del Producto Interno
Bruto (PIB) y al 20% del valor de las exportaciones de bienes y
servicios no factoriales”.
[1].

Además,
la globalización neoliberal impacta sobre la política
nacional, implicando a la democracia. El Estado es modificado por
determinantes extra-nacionales, debilitando la soberanía de
instituciones ya de por sí frágiles. El Estado, como
unidad de poder, sigue cumpliendo una función territorial,
pero su Gobierno no responde realmente ante el pueblo sino ante los
organismos financieros internacionales, sobre todo el Fondo
Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Tomando
en cuenta el escenario señalado, el presente ensayo pretende
dos objetivos: por un lado exponer cómo la deuda externa
detiene las posibilidades de desarrollo de Nicaragua y, por otro,
explicar cómo la ayuda financiera no favorece dicho desarrollo
sino que, más bien al contrario, lo hipoteca.


2.
La deuda externa de Nicaragua

Según
Oxfam Internacional
[2],
el volumen total de la deuda externa de Nicaragua ascendía en
2000 a 6,664 millones de dólares, cifra que casi triplicaba al
valor del Producto Interior Bruto (PIB) del país (2,472
millones de dólares), era más de siete veces superior
al valor anual de las exportaciones de bienes y servicios, y
equivalía a diez años de recaudación fiscal del
gobierno nicaragüense.

Mientras
tanto, la renta per cápita es de sólo 488 US$, y la
deuda externa per cápita de 1.300 US$, según datos
aportados por Néstor Avendaño
[3].

Un
22% de la deuda está contraída con los países
del llamado Club de París
[4]
y un 40% con países no miembros de dicho club. La lista de
países a los que Nicaragua debe es extremadamente amplia, e
incluye países centroamericanos, de Europa Oriental e incluso
de Asia y África
[5].

La
deuda multilateral constituye tan solo un 33% del total, siendo el
Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
sus principales acreedores multilaterales. Finalmente, algo menos del
5% del total de la deuda externa nicaragüense es privada (bancos
y proveedores internacionales)
[6].

El
enorme desembolso anual que representa el pago de la deuda tiene una
consecuencia nefasta para la población nicaragüense, pues
cerca del 79% se encuentra bajo la línea de pobreza, y el 53.6
en extrema pobreza. En las zonas rurales de cada 10 personas, 8 se
encuentran en situación de pobreza crónica
[7].

3.
La Iniciativa HIPC

La
Iniciativa para los Países Altamente Endeudados (HIPC por sus
siglas en ingles) fue desarrollada por las naciones acreedoras del
Norte y las Instituciones Financieras Internacionales en septiembre
de 1996 como una medida para prevenir la incapacidad de pago del
servicios de la deuda externa de los países del Sur y evitarse
riesgos innecesarios en la recolección del pago de sus
prestamos y los intereses.

La
iniciativa HIPC pretende adecuar los montos de la deuda externa hasta
niveles aceptables a la capacidad de pago del país que resulta
elegible. Los promotores de la idea consideran que un país es
sostenible cuando destina sólo el 20 por ciento del importe de
sus exportaciones al servicio de la deuda. Nicaragua destina en la
actualidad el 40 por ciento de lo obtenido por lo que exporta.

Carlos
Pacheco observa al respecto que el umbral del 20 por ciento “seguirá
siendo insostenible, aun si se redujera a un 10 por ciento.
Recordemos que el crecimiento de las exportaciones no se está
cumpliendo y además los precios de nuestros productos de
exportación están cayendo en el mercado internacional
(café, azúcar, banano, mariscos, carne, ajonjolí)
estos seis productos sólo representan el 55% del volumen total
exportado”
[8].

El
objetivo de la HIPC es adecuar, no perdonar, la deuda externa hasta
niveles que puedan ser asumidos por los países deudores, de
tal forma que sigan pagando e hipotecando sus economías sin
llegar a situaciones extremas que puedan provocar protestas de la
población.

Para
ilustrar lo que supone esta estrategia, tomamos un ejemplo reciente:
el pasado 13 de diciembre, el Club de París acordó una
reestructuración de la deuda externa de Nicaragua por un valor
aproximado de 579 millones de dólares. Este acuerdo implicó
la cancelación inmediata de cerca de 405 millones de dólares
y la reducción del servicio de la deuda durante cuatro años
de 657 a 90 millones
[9].

Si
tomamos en cuenta, como se señala anteriormente, que el Club
de París absorbe el 22 por ciento del total de la deuda, lo
que ha hecho la entidad es reducir el monto adeudado de
aproximadamente 1.500 millones a 1.100, por los cuales durante cuatro
años Nicaragua deberá pagar 90 millones, y después
se producirá una nueva negociación del pago.

Nicaragua
aspira por tanto a entrar en el “club de los 41”
[10]
para hacer sostenible el pago de su deuda, pero en realidad el monto
anual no sólo no se reduce sino que se amplía. En 1998,
el país pagó 332 millones de dólares en servicio
de deuda, y en 1999, otros 333 millones. A partir del año
2002, se calcula que Nicaragua tiene que pagar cerca de 387 millones
de dólares anualmente, 57 millones de dólares más
que en 1999 dado el drástico aumento que se prevé por
el pago de las amortizaciones y el pago de los intereses
[11].

Además,
los creadores de la HIPC orientan a los países pobres a seguir
programas de ajuste estructural que sólo van dirigidos a
aliviar su deuda, en ningún caso van dirigidos a superar las
condiciones de la población empobrecida.

Carlos
Pacheco señala al respecto que “el FMI, el Banco Mundial
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no están
haciendo donaciones para la reactivación de las economías
sino realizando más prestamos, claro que bajo términos
concesionarios, que al final de cuentas terminan endeudándonos
más”
[12].

Siguiendo
con los ejemplos, unos días antes de que el Club de París
revisara la deuda contraída por Nicaragua, el Fondo Monetario
Internacional aprobó un programa económico por valor de
1.100 millones de dólares durante los próximos tres
años. El préstamo es concesionario, y Nicaragua tendrá
que pagarlo.

Néstor
Avendaño, negociador de la deuda externa en el Gobierno
Chamorro sostiene que: “con la iniciativa HIPC, aplicada tal
como es, Nicaragua seguirá siendo un país pobre y
altamente endeudado. Del total de la deuda en Nicaragua, el 30% es
deuda multilateral, la que siempre hay que pagar si se quiere seguir
recibiendo préstamos. Pero, aún si el 70% restante nos
fuera borrada por una decisión política del resto de
los acreedores, Nicaragua tampoco dejaría de ser un país
pobre y altamente endeudado. Para el caso de Nicaragua, la HIPC es a
estas alturas totalmente insuficiente”
[13].


4.
La cooperación externa

Las
donaciones que ha recibió Nicaragua en el período
comprendido entre 1990 y 2000, equivalen a 6,500 millones de dólares
y superaron tres veces el total del Producto Interno Bruto (PIB).
Alrededor del 60% de la ayuda provino de donantes bilaterales y el
40% de instituciones financieras internacionales
[14].

Más
en concreto, en el periodo 1997-2000, el desembolso de la cooperación
internacional alcanzó los 1,981.2 millones de dólares,
lo cual supone un promedio anual de 495.3 millones, que representa un
23 por ciento del PIB y constituye aproximadamente el 70 por ciento
del Programa de Inversiones Públicas que ejecuta el país
[15].

Esta
cooperación provino casi a partes iguales de las fuentes
bilaterales (el 50.5 por ciento) y de las multilaterales (49.5 por
ciento).

Un
alto porcentaje fue entregado en calidad de préstamo, pero en
aquel periodo el aporte en calidad de donación fue importante
para ayudar a la rehabilitación tras el huracán Mitch.
En la reunión del Grupo Consultivo celebrada en Washington en
mayo de 2000, los datos oficiales evidencian, por ejemplo, que en
1999 -pocos meses después del paso del huracán- los
países y agencias donantes desembolsaron 654.7 millones de
dólares y de éstos 52.6% (US%344.5) fueron préstamos
y el 47.4% (US$310.2) fueron donaciones
[16].

La
tendencia actual es a incrementar la ayuda en calidad de préstamo,
mientras las donaciones representan cada vez menos porcentaje y se
canalizan por lo general a través de las ONG.

Néstor
Avendaño señaló recientemente que “nadie
da nada gratis, todo tiene su debe y su haber”
[17],
y lo cierto es que la cooperación bilateral y multilateral
marcan unas reglas de juego, tanto en los plazos para la devolución
del préstamo, como en la imposición de ciertas
condiciones de tipo político y económico, para conceder
el préstamo.

Como
criterio general, las peticiones de las instituciones financieras
multilaterales giran alrededor a la gobernabilidad y todos los
conceptos -y prácticas- que ésta conlleva.

El
BID, por ejemplo, considera que “las principales deficiencias
que deben ser consideradas en las estrategias futuras de préstamos
entre las autoridades de América Central y las agencias
financieras multilaterales (y los donantes bilaterales)” son
agrupan en cuatro “esferas”: social, económica,
institucional, política regional.

Pero
ese tipo de ayuda requiere que el sector público haga su
parte. Es decir, que deje “progresivamente, la carga actual de
proveer una amplia cantidad de bienes y servicios”, a la vez que
deja de actuar como la fuente final proveedora de empleo
[18].

En
lenguaje más sencillo, la condición del BID en que se
desarrollen las privatizaciones, cuyo proceso inició en
nuestro país desde hace varios años y que aún no
culmina.

Otras
medidas son, por ejemplo, el incremento de recaudación fiscal
por medio de las bebidas alcohólicas, emitir 20 millones de
dólares en títulos que serían adquiridos por el
sistema bancario, aprobación de la Ley de Reforma a la
Seguridad Social en la Asamblea Nacional, o el implemento de medidas
prudenciales que regulen el endeudamiento externo.

Por
otro lado, se requiere de incentivar la inversión de capital
privado tanto nacional como extranjero. En este campo también
se han dado los primeros pasos y en los últimos años
hemos visto la erección de hoteles de diversas categorías
o la traída de cruceros
[19].

Por
otra parte, la ayuda proveniente de los cooperantes multilaterales
está planteada a más largo plazo que la de los
bilaterales, a la vez que más enfocado a las políticas.
Por ejemplo, el BID está financiando el “Programa de
modernización del municipio de Managua” que tiene como
objetivos el fortalecimiento de la capacidad del gobierno municipal a
través de una mayor descentralización y participación
ciudadana en el diseño e implementación de proyectos
piloto de alta prioridad socioeconómica, y mediante la
modernización de la administración municipal para
hacerla más eficiente y transparente
[20].

La
Unión Europea, por su parte, establece como prioritarios seis
ámbitos de intervención: Vínculo entre comercio
y desarrollo, integración y cooperación regionales,
apoyo a las políticas macroeconómicas (salud y
educación sobre todo) y fomento de un acceso equitativo a los
servicios sociales, transporte, seguridad alimentaria y desarrollo
rural sostenible, y fortalecimiento de las capacidades
institucionales
[21].

En
cuanto a las condiciones de devolución del préstamo,
tomamos como ejemplo el citado proyecto de modernización del
municipio de Managua, para el que el BID aporta 5.67 millones de
dólares, y la Alcaldía 0.63 millones.

Las
condiciones contemplan un periodo de gracia de 10 años. A
partir del siguiente, la Alcaldía deberá devolver la
cantidad prestada en un plazo de 40 años, con una tasa de
interés del 1 por ciento durante los diez primeros años,
y del 2 por ciento a partir del siguiente en adelante.

Como
el proyecto se aprobó en 2002, la Alcaldía de Managua
deberá devolver al BID, a partir de 2013, 143,167.5 dólares
los diez primeros años y 144.585 los treinta siguientes.

Este
es sólo un ejemplo que da una idea sobre cómo la
cooperación externa en realidad mantiene el endeudamiento
externo de Nicaragua.


5.
Conclusiones

Nicaragua
no tiene capacidad para solventar en un plazo definido la deuda
contraída con los países ricos. Esta situación
pone en evidencia la fragilidad de la economía del país,
pero también demuestra que el sistema económico
internacional mantiene un modelo de intercambio comercial injusto con
los países pobres, y este modelo es el que provoca que la
deuda externa no tenga viabilidad de solución mediante la toma
de decisiones en el ámbito meramente financiero.

La
deuda externa se convierte así en objeto de presión de
los países ricos sobre los endeudados. Es el argumento
perfecto para que el modelo económico capitalista incida en
los países pobres y los mantenga en una situación de
dependencia.

Si
Nicaragua no puede pagar su deuda, tiene que negociar con los
acreedores un refinanciamiento, una moratoria o una reducción.
Los países ricos y sus estructuras financieras ponen
condiciones de orden económico, político y social a
Nicaragua para refinanciar las condiciones de pago y el monto. El
Gobierno nicaragüense se apresta a cumplir dichas condiciones,
que suponen la progresiva pérdida de capacidad del Estado para
atender a lo social. El resultado es que la deuda sigue existiendo,
incluso creciendo, Nicaragua queda hipotecada y los organismos
financieros internacionales son los que en realidad están
decidiendo sobre los destinos del país.

Desde
un punto de vista meramente económico, resolver el asunto de
la deuda externa es simplemente inviable. Nicaragua nunca estará
en condiciones de dejar su deuda a cero. Por tanto, la conclusión
es que, en realidad, la deuda externa es el mecanismo más
efectivo de control de los países ricos sobre los países
pobres. A los países ricos, en realidad, no les interesa
recuperar el monto íntegro de la deuda, les interesa que los
países pobres sigan siempre endeudados para incidir sobre sus
políticas internas y que países como Nicaragua nunca
tengan capacidad de decisión en el ámbito económico
y político internacional.

La
iniciativa HIPC es el instrumento que garantiza esta relación
desigual. Por mucho que se pueda vender como favorecedora del
desarrollo sustentable de Nicaragua y la solución a los
problemas de la pobreza. Un ejemplo de cómo actúa la
HIPC lo tenemos en Mozambique, donde el servicio de la deuda en ese
país tres años antes del inicio del proceso para
calificar a la HIPC, era de 111 millones de dólares
anuales; después del HIPC, el pago anual será de 100
millones, lo que todavía resulta insostenible para ese
país
[22].

Por
tanto, podemos concluir que la aplicación del modelo HIPC en
Nicaragua no producirá ningún cambio significativo en
el volumen de pago del servicio de la deuda.

No
hemos comentado en el presente ensayo acerca de la aplicación
de los Programas de Ajuste Estructural, los ESAF, que los países
ricos imponen como condición para entrar en la HIPC. Es
materia específica que desarrollaremos en una segunda entrega
en la cual nos referiremos a las consecuencias de estos programas
para Nicaragua.

Por
último, un comentario sobre la cooperación
internacional, cuya acción se ha argumentado siempre como
beneficiosa para los países pobres. Sin poner en duda los
resultados positivos de determinadas líneas de cooperación
que centran su atención en apoyar la mejora de las condiciones
de vida de la población desfavorecida, la realidad es que este
tipo de cooperación representa un porcentaje muy bajo en
relación con el volumen de montos que se utilizan para otros
fines de ámbito político, económico y
estructural.

Además,
cada vez es mayor la tendencia de las agencias de cooperación
a establecer programas bilaterales con el Gobierno bajo préstamos,
mientras que la ayuda en concepto de donación es cada vez más
escasa; por su parte, los organismos financieros internacionales sólo
enfocan la cooperación por la vía del préstamo.

Esta
situación nos motiva a concluir que, en realidad, la
cooperación internacional no sólo no enfoca la mayor
parte de su financiamiento a la solución de los problemas
básicos de los países pobres, sino que además
contribuye a que estos países se sigan endeudando.


Las políticas

de ajuste estructural y sus consecuencias


6.
Introducción

Desde
que en 1990, la Unión Nacional Opositora (UNO) derrocara por
la vía electoral al gobierno sandinista, Nicaragua se ha visto
envuelta en un proceso paulatino de reforma de su Estado con el fin
de adaptarlo al modelo neoliberal imperante en el mundo.

El
neoliberalismo pretende aplicar como norma general la reducción
del papel de los estados y otorgar un mayor protagonismo a la
iniciativa privada en la prestación de servicios a la
sociedad. Los estados benefactores surgidos tras la Segunda Guerra
Mundial, que asumían la responsabilidad global de solución
de los problemas de su población, se están
desmantelando y sus funciones quedan relegadas a la mera
administración de recursos, cediendo la iniciativa de la
atención social a entidades que, por su carácter
privado, se encuentran libres de control por parte de la población.

Esto
ha supuesto que las estructuras del Estado nicaragüense se estén
remodelando con arreglo a criterios venidos del exterior,
fundamentalmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional y con muy poca participación de la propia
población.

Todo
este proceso de reforma se está dando en medio de una
situación económica inestable que ha provocado diversos
enfrentamientos entre los sucesivos gobiernos y muchos sectores de la
sociedad a causa de la puesta en marcha de medidas económicas
de ajuste que han impactado negativamente en la capacidad adquisitiva
de la población.

Dichas
políticas de ajuste no han beneficiado a la población
sino todo lo contrario: el problema de la propiedad urbana y rural no
acaba de solucionarse, la tasa de desempleo alcanza cotas
incorregibles, las condiciones de vida de la población se
siguen deteriorando, las mujeres siguen teniendo pocas oportunidades
de participación en la sociedad y entre la población
joven no se potencian valores que la conduzcan a su integración
y participación social; el Estado no garantiza servicios
elementales como la Salud o la Educación al conjunto de la
población y el precio de los productos básicos sufre un
aumento progresivo inalcanzable para la mayoría.

Por
tanto, el objetivo del presente trabajo es exponer las consecuencias
políticas y sobre todo sociales que han traído para
Nicaragua los programas de ajuste estructural impuestos por las
instituciones financieras internacionales como condición para
que el país entre en la iniciativa HIPC de apoyo a los países
altamente endeudados.

Para
ello, el trabajo parte de un recuento histórico de las medidas
que los tres gobiernos post-sandinistas han tomado, así como
de sus consecuencias, y que se vinculan a los ESAF, que son fondos a
crédito multilaterales destinados a financiar los programas de
ajuste estructural
[23].


7.
Los primeros ajustes

El
gobierno sandinista, a partir de 1984, tuvo que afrontar las
consecuencias económicas por el embargo decretado por el
presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el comienzo de la
guerra con la contra. Además, en ese periodo se produjo
una fuerte baja de los precios de las exportaciones, había
muchas dificultades para obtener créditos internacionales y se
producía una acelerada fuga de capitales.

Para
hacer frente a la situación, el gobierno sandinista adoptó
en febrero de 1989 el llamado “Plan de Estabilización”,
que trajo como consecuencia la reducción del sector público,
el despido de 35.000 funcionarios y la reducción de la
inversión social; se congelaron los salarios y se liberaron
los precios, incluidos los de alimentos y medicinas, hasta entonces
subsidiados.

A
pesar de que se consiguió frenar la inflación y la
caída del PIB, el Plan no consiguió recuperar la
economía y la deuda siguió creciendo. La consecuencia
para la población fue un grave deterioro social y el aumento
del desempleo
[24].

En
mayo de 1990 el gobierno de Violeta Chamorro emprendió otra
fase más dura de ajuste estructural mediante la firma de los
programas de Estabilización y Recuperación I y II con
la AID (Cooperación de Estados Unidos), como paso previo para
llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las
medidas que incluía el primer plan
[25]
fueron muy parecidas a las que adoptaron anteriormente los
sandinistas, pues de nuevo se produjo la reducción del empleo
público en un 12% y del personal militar en un 80%; también
se redujeron los salarios en la Administración, se vendieron
233 de las 351 empresas propiedad del Gobierno, se liberalizó
el comercio nacional con la eliminación del control sobre los
precios, se privatizó la actividad comercial que realizaba el
Estado y se creó una nueva moneda, el córdoba-oro, lo
que supuso una devaluación de alrededor del 100% que se aplicó
sin compensaciones salariales
[26].

La
respuesta de los sindicatos a dichas medidas fue la convocatoria a
una huelga general que paralizó Managua. Ante el clima de
violencia generado, el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, y
el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, pactaron el 11 de
julio de 1990 la disolución de las movilizaciones, y se
iniciaron negociaciones en las que participaron representantes de la
élite sandinista para el establecimiento de un pacto social y
económico, la llamada Concertación I, firmada el
26 de octubre de 1990
[27].

El
3 de marzo de 1991, el ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo,
presentó un nuevo paquete de medidas económicas
[28],
que en realidad representaban una continuación de las
implementadas anteriormente, pero eran menos agresivas y
posibilitaban un mayor espacio de negociación para con los
actores sociales y económicos. La diferencia fue que esta vez
participaron activamente en las reformas el BIRF (Banco
Interamericano de Reconstrucción y Fomento) y el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo).

Como
consecuencia del plan, el córdoba sufrió una
devaluación del 400%, los salarios de los trabajadores cayeron
hasta un 70%, se liberalizaron las importaciones y se privatizaron
grandes cadenas de supermercados y algunos bancos a precios muy bajos
y las empresas estatales se vendían a la mitad de su valor. El
capital comercial y financiero fue el principal beneficiado, aunque
muchos sandinistas también salieron favorecidos con estas
privatizaciones
[29].

Frente
a esto, las centrales sindicales se movilizaron de nuevo y obligaron
al Gobierno a la negociación. De esta segunda ronda de
conversaciones -la Concertación II- llevada a cabo en los
meses de mayo-agosto de 1991, surgió el compromiso de otorgar
el 25% de las empresas afectadas a los trabajadores
[30].


8.
El ESAF I

El
clima de paz social favoreció la entrada de financiamiento
exterior que permitió reducir la inflación al 3.5 y
contener el déficit fiscal.

Fruto
de este ambiente favorable, entre 1991 y 1992, el Gobierno impulsó
un programa de estabilización, financiado por el FMI, y un
programa de ajuste estructural apoyado por el Banco Mundial orientado
a preparar a Nicaragua para una economía de libre mercado
[31].

El
proceso culminó con la aprobación por parte del FMI del
ESAF, en abril de 1994, por un periodo de dos años. El
Gobierno de Nicaragua recibió un crédito en varias
entregas por un total de 218 millones de dólares
[32].

Para
lograr esos fondos, el Gobierno acordó con el FMI y el Banco
Mundial las políticas centrales de un programa económico
y estructural. El paquete de medidas incluía reformas en el
sector fiscal
[33]
y financiero
[34],
el desarrollo del sector privado
[35],
el sector cambiario y de comercio, la infraestructura, el sector
agrícola, el medio ambiente, el sector social y el mercado
laboral
[36].

Además,
el plan incluía la implementación de un Programa de
Administración Tributaria, otro de Mejoramiento de la
Administración de Aduanas, así como un Programa de
reforma del Sector Público. Esto suponía alterar el rol
y tamaño del Gobierno mediante la continuidad en la
privatización de empresas estatales, la reducción de
empleados públicos y la disminución del papel del
Estado en la regulación de la economía
[37].

Como
consecuencia, el acceso al ESAF supuso el despido de 13.500 empleados
públicos y la privatización de la mayoría de las
empresas estatales de producción, la reducción de
aranceles y la renuncia a mantener el 6% del presupuesto para las
Universidades, según refleja la Constitución Política.

Extraemos
a continuación el comentario crítico al ESAF que María
Rosa Renzi, asesora económica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), hizo en El Observador Económico
unos meses antes de que fuera firmado:

“El
énfasis del ESAF en acciones vinculadas a los aspectos
financieros, pone nuevamente sobre el tapete cuestiones de fondo. Se
pone en evidencia el profundo desconocimiento e insensibilidad que
tienen los que diseñan las políticas económicas
sobre el estado de postración en que se encuentra la economía
en general, la elevada descapitalización de la mayoría
de los pequeños y medianos productores del campo y de la
ciudad y el desamparo de la base social, en tanto estas medidas no
apuntan a respaldar la economía del 70% de la población
que vive en condiciones de pobreza”
[38].


9.
El ESAF II

El
Gobierno de Arnoldo Alemán continuó a partir de 1996
las políticas de ajuste estructural y la negociación
con el FMI para la obtención de un nuevo ESAF. Ese año,
por cada dólar que el país invirtió en lo
social, debía destinar cinco al pago de la deuda.

La
negociación del ESAF II culminó con la firma del
acuerdo el 18 de marzo de 1998, por un periodo de dos años. El
objetivo era lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas
y el sector externo, en la reforma estructural y el crecimiento
económico
[39].

La
exigencia del FMI fue el despido de otros 10.000 funcionarios
públicos, la venta o privatización de ENITEL, ENEL,
INAA, PETRONIC, y los bancos estatales, Banades y Banic. A cambio, si
esto se cumple, un nuevo crédito por 400 millones de dólares
y la posibilidad de entrar en la iniciativa HIPC
[40].

El
presidente Alemán, como posteriormente se pondría en
evidencia, orientó el proceso de privatizaciones hacia un gran
capital muy cercano al propio Alemán.

Las
reacciones al nuevo ESAF no se hicieron esperar. Según un
estudio realizado por Tomás Rodríguez Alas, las
políticas de ajuste estructural no tuvieron el resultado
esperado por el Gobierno debido a que los mecanismos de transmisión
de las políticas no fueron efectivos.

Rodríguez
Alas declaraba en agosto de 2002 que “el programa de ajuste
se ha diseñado fundamentalmente para pagar la deuda externa, y
no para promover el crecimiento económico de Nicaragua, por lo
cual hay que darle un giro al sector productivo”
[41].

Por
su parte, María Rosa Renzi, del PNUD, concluía que el
fallo de los programas de ajuste se debió a que “se
concentraron los esfuerzos, medidas y acciones en controlar los
balances macroeconómicos, y se descuidaron otros aspectos que
tienen que ver con la problemática social y la
productividad”
[42].

Orlando
Núñez profundiza más en la repercusión
que el programa de ajuste tuvo para el campesinado, y recuerda que
“con el ajuste, los campesinos perdieron el crédito y
los rendimientos, siendo conminados a pagar o perder las tierras
poseídas por la reforma agraria. A raíz de la
privatización se comenzaron a regresar centenares de miles de
hectáreas a los antiguos dueños, y los jueces y la
policía procedieron a desalojar a los campesinos”
[43].

Núñez
denuncia también que “El ESAF y el Gobierno liberal
estimulan la apertura comercial y la importación para los
productos campesinos, pero subsidian el precio del azúcar y
obligan a la población nicaragüense a pagarle al
empresario nacional 250 córdobas por quintal, aunque el precio
del mercado mundial sea de 60 córdobas”
[44].


10. La
era Bolaños

En
su campaña electoral, Enrique Bolaños justificaba que,
durante los cinco años anteriores, el programa macroeconómico
se había enfocado al ESAF como punto de decisión de la
HIPC, y que el esfuerzo había sido necesario e indispensable
para lograr la condonación de la deuda externa
[45].

Tras
su llegada a la presidencia, el nuevo Gobierno se fijó como
propósito la puesta en marcha del programa de ajuste
estructural de la economía, la promoción del
crecimiento y la reducción de los niveles de corrupción,
todo ello enmarcado en un proceso de reforma del Estado.

En
consecuencia, el Gobierno envió a la Asamblea Nacional la
propuesta de reforma tributaria y agilizó varios procesos
judiciales contra diferentes funcionarios públicos acusados de
corrupción, entre ellos el anterior presidente.

El
complicado proceso de enjuiciamiento a Arnoldo Alemán y las
influencias que utilizó el ex presidente para reducir el apoyo
de la Asamblea Nacional a las iniciativas planteadas por el nuevo
Gobierno, motivó los retrasos en la aprobación de las
reformas fiscales necesarias para alcanzar la extensión de los
acuerdos con el FMI por tres años más
[46].

En
cuanto a la reforma del Estado, Bolaños reproduce la tendencia
de sus antecesores, y plantea la reducción del número
de empleados públicos. Si embargo, el presidente carece del
respaldo suficiente en la Asamblea Nacional para reformar el Estado,
pues ese proceso requiere a su vez de reformas constitucionales o
legales. Carlos Tünnermann señala al respecto que “en
realidad, su ámbito de acción, por ahora, sólo
puede circunscribirse a aquellas reformas que se puedan llevar a cabo
mediante disposiciones administrativas o discrecionales del
Presidente de la República, las cuales son importantes, pero
limitadas”
[47].

Como
también indica Tünnermann, lo lógico no es hacer
un Estado más pequeño sino más eficiente, y las
reformas deberían ir encaminadas a la promulgación una
nueva Ley Electoral que transforme radicalmente la estructura y
composición del actual Consejo Supremo Electoral, garantice el
pluralismo político, restablezca las Asociaciones por
Suscripción Popular, mantenga las medidas que impidan el
resurgimiento de la «industria electoral», facilite la
formación de las alianzas partidarias y disminuya los costos
de los procesos electorales
[48].

Tünnermar
concluye que no se trata de escoger entre un Estado más grande
o más pequeño ni de sustituir el Estado por el mercado.
“La opción que se impone es un Estado diferente, de
calidad e inteligente. En otras palabras, un Estado capaz de promover
consensos nacionales que sirvan de base a políticas de largo
aliento que trasciendan el tiempo de duración, de por sí
limitado, de los gobiernos”
[49].


11.
Conclusiones

Al
analizar el proceso histórico de programas de ajuste
estructural, llama la atención que en todos los casos se
mantienen algunas constantes, fundamentalmente relacionadas con la
reforma del Estado entendida como un proceso paulatino de vaciado de
su personal, de sus bienes materiales y de sus competencias sociales.

Esto
pone en evidencia que, independientemente de los gobiernos y de las
circunstancias concretas en que gobernaron, la política de
ajuste estructural es la misma, que responde a una única línea
impuesta por los organismos financieros internacionales que los
diferentes gobiernos han tratado de aplicar.

De
aquí se desprende que los gobiernos no dirigen el proceso y
tienen un rol de meros ejecutores. Además, las reformas están
vinculadas y condicionadas a la obtención de fondos
multilaterales y a la calificación de Nicaragua para un
supuesto alivio de la deuda, pero en realidad esos fondos dados a
crédito representan un nuevo endeudamiento.

Sin
embargo, conviene precisar que el papel secundario de los gobiernos
no significa que hayan sido ajenos a la forma de aplicar las
políticas de ajuste estructural. En realidad, podemos decir
que ha existido y existe un concepto “criollo” de
aplicación de las reformas y también de gestión
de los recursos obtenidos por los ESAF.

Sirvan
dos ejemplos para sostener esta afirmación. Por un lado, la
tendencia señalada a interpretar la modernización del
Estado exclusivamente como un proceso de reducción de su
capacidad.

Es
cierto que la reducción del Estado es una recomendación
de los organismos internacionales, pero como parte de su
modernización. El Banco Mundial, no sólo respecto a
Nicaragua sino también en referencia a otros países de
la región, ha caracterizado al Estado con graves fallas como
la centralización, baja eficiencia, débil gestión
financiera de recursos humanos, Administración Pública
poco profesional, deficiente prestación de servicios e
infraestructura y tecnología obsoletas
[50].

Por
tanto, no se trata sólo de reducir el tamaño del Estado
sino de hacerlo más eficiente, dotarlo de mayor capacidad
operativa y establecer los mecanismos que garanticen la transparencia
de su gestión.

Como
señala Marvis Jirón
[51],
los cambios deberían apuntar a corregir el déficit
gubernamental, superar las debilidades en la regulación de los
servicios básicos del Estado y resolver los numerosos casos de
corrupción. Se necesitan cambios para mejorar la calidad de la
Administración, elevar la eficiencia de los servicios
gubernamentales y estatales y garantizar la transparencia de la
gestión pública, y no cualquier simulación.

El
otro ejemplo está relacionado con el anterior, y se centra en
la gestión del presidente Alemán, que en realidad
interpretó la obtención de fondos para la reforma del
Estado de una forma tan particular que, en realidad, el único
beneficiado de esos fondos fue el propio presidente y los empresarios
y funcionarios de su entorno.

Si
hacemos un repaso de la gestión de Alemán, podemos
concluir que tuvo un total desprecio a las leyes al nombrar parientes
cercanos en cargos públicos; que no acató las
directrices de los órganos de control sino que, además
se enfrentó con la Contraloría General de la República.
Además, como se está encargando la Justicia de ir
demostrando, se ocupó de desviar fondos públicos para
beneficio propio.

Es
por ello que, en la línea del planteamiento de María
Rosa Renzi, del PNUD, una cosa es la política de ajuste
estructural que imponen los organismos financieros internacionales y
su ingerencia en los asuntos de Estado de los países pobres, y
otra es cómo algunos gobiernos aplican esas políticas.
El caso de Argentina fue el más evidente, la forma en que se
está dando en Nicaragua, no le anda a la zaga.


FUENTES
CONSULTADAS


·
Banco de Comercio Exterior de Colombia. “Reporte
Nicaragua”. Septiembre 2002. (
www.bancoldex.com)


·
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Informe anual 1988.
(
www.iadb.org)


·
Bolaños, Enrique. “Política de generación
de empleo y disminución de pobreza en las zonas urbanas.
Mensaje a los micros, pequeños y medianos empresarios
(MIPYMES). Nicaragua, 2001.


·
Botey, Jaume; Trayner, María Pau. “Nicaragua
hoy”. Revista Pueblos. Número 3. Octubre 2000.
Publicación de Izquierda Unida. Madrid, España.
(
www.izquierda-unida.es)


·
Bow, Juan Carlos. “ESAF sin eficacia en sector rural”,
nota de prensa en El Nuevo Diario, edición del 7 de agosto de
2002.


·
Jirón, Marvis. “Las relaciones
interinstitucionales derivadas de la Ley de Organización,
Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo”. Monografía
presentada al Master en Gestión y Políticas Públicas,
organizado por la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y la
Universidad Centroamericana de Nicaragua.


·
Martí, Salvador. “Nicaragua 1980-1986: ¿hacia
qué tipo de democracia? Working papers,
131.
Universidad Autónoma de Barcelona. 1997.
(
www.diba.es)


·
Núñez Soto, Orlando. “El fondo monetario,
ecológico y social del desastre”. Artículo
publicado en El Nuevo Diario, edición del 10 de octubre de
1998.


·
Renzi, María Rosa. “¿Qué es el
ESAF?” El Observador Económico. Número 29.
Enero 1994. Managua, Nicaragua. Obtenido en Pág. web.
(
www.ladb.unm.edu)


·
Tünnermann Bernheim, Carlos. “Reformar el Estado no
es simplemente reducirlo”. Artículo publicado en El
Nuevo Diario, 12 de marzo de 2003.


CAFTA: Un Tratado de
Libre Consumo


12.
Introducción

Nicaragua
se apresta, junto al resto de países centroamericanos, a
firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, conocido como
CAFTA por sus siglas en inglés
[52].
Las conversaciones se iniciaron el 27 de enero en Costa Rica y está
previsto que concluyan en diciembre de 2003.

Los
respectivos gobiernos de la región no sólo avalan las
negociaciones como el medio idóneo “para alcanzar
estadios superiores de bienestar y desarrollo sustentable”
[53]
sino que, además, al impulsar el desarrollo y el progreso de
los países de la región, el CAFTA “contribuirá
a la consolidación de los procesos de democracia y
fortalecimiento del Estado de Derecho”
[54].

Sin
embargo, la realidad es que los países centroamericanos entran
a la negociación con Estados Unidos en desventaja, sobre todo
Nicaragua, el segundo país más pobre de Latinoamérica.
Lo que se negocia es la total apertura del comercio de Estados Unidos
en la región, mientras para los países del istmo, el
tratado los colocará como consumidores prioritarios de los
productos y servicios estadounidenses.

El
presente ensayo se centra en las condiciones en que Nicaragua aborda
la negociación del CAFTA y el impacto que, con toda
probabilidad, tendrá el acuerdo en la economía nacional
y, sobre todo, en los sectores populares.

Para
ello, abordamos de forma esquemática en qué consiste el
Tratado, extraemos los puntos sensibles, es decir que no van a ser
objeto de negociación, que estimamos más importantes,
así como los aspectos de interés para Nicaragua que no
se van a negociar.

Tras
este análisis, estableceremos algunas conclusiones que
corroboran la afirmación de la desigualdad de condiciones y de
intereses con que Nicaragua aborda el tratado regional con Estados
Unidos.


13. El
giro en la política comercial de Estados Unidos

Hasta
el pasado año, Estados Unidos carecía de interés
por suscribir acuerdos comerciales con Centroamérica. Durante
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México,
que entró en vigor en 1994, los países del istmo no
fueron aceptados; entonces se dijo que una de las principales razones
era la inestabilidad política que todavía presentaba la
región.

La
única posibilidad de alcanzar algún acuerdo para
mejorar su acceso al mercado estadounidense quedaba relegada a la
culminación del proceso de conformación del Area de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), idea lanzada en
diciembre de 1994, en la Cumbre de las Américas celebrada en
Miami, que preveía una serie de negociaciones bilaterales
entre el TLCAN y el resto de países, las cuales culminarían
en 2005. A partir de entonces, Centroamérica podría
entrar en negociaciones con Estados Unidos.

Sin
embargo, tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos dio
un giro en su política comercial. Hasta entonces su agenda se
enfocaba hacia a la nueva ronda de negociaciones de la Organización
Mundial del Comercio y a negociar el ALCA, sin interés en
llegar a acuerdos bilaterales individuales. A partir del 11-S, su
política comercial se vincula a la seguridad nacional
[55].

Con
este nuevo enfoque de Estados Unidos, en noviembre de ese año
se celebra en Doha, Qatar, la nueva ronda de negociaciones de la OMC,
en la que los países en desarrollo ponen de manifiesto las
dificultades que tienen para acceder a los mercados de los países
ricos y se quejan de las distorsiones en los precios de los productos
agrícolas y textiles, debido a los subsidios que los países
desarrollados otorgan a estos rubros.

La
crisis en Argentina y la consecuente posición del MERCOSUR
[56]
de no cerrar el ALCA en 2005 sino más adelante, echó
por tierra las previsiones de Estados Unidos en el sentido de cerrar
en corto plazo el bloque de libre comercio continental. Es entonces
cuando la Administración Bus retoma la posibilidad de negociar
acuerdos comerciales de forma individual con países o regiones
de América, con la idea de acelerar el ALCA.

Nicaragua
en la negociación del CAFTA

En
enero de 2002, el presidente Bush invitó a los mandatarios de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a iniciar el
diálogo para formalizar un acuerdo comercial. Un año
después, el pasado 8 de enero, iniciaron oficialmente en
Washington las negociaciones de dicho acuerdo, denominado CAFTA.
Hasta el momento de realizar este ensayo, se han celebrado tres
rondas de un total de nueve previstas, la cuarta se celebrará
en Guatemala, del 12 al 16 de mayo.

Nicaragua
afronta la negociación en un momento de cierto auge de las
relaciones comerciales con Estados Unidos. En el periodo 1996-2001,
las exportaciones crecieron en un promedio de 9.6% anual, mientras
las importaciones lo hicieron al 9% como promedio anual. Durante
estos años, el saldo de la balanza comercial ha sido favorable
a Nicaragua, en 2001 alcanzó casi los 160 millones de
dólares
[57].

Nicaragua
exporta a Estados Unidos principalmente prendas de vestir, en 2001
por valor de 380 millones de dólares, que representan el 63%
del total de las exportaciones a ese país. El siguiente rubro
es el de pescados y crustáceos (14%); le siguen el café
(5.8%), la carne (5%), el tabaco (2.3%) y las perlas finas y metales
preciosos (2.2%).

Es
notoria por tanto la influencia del sector maquilero en el volumen de
las exportaciones, lo cual refleja también la escasa
incidencia de esta transacción en la economía nacional
debido a que las zonas francas son un sector económico de
enclave, y las ganancias no revierten en la población sino que
quedan en las arcas de los propietarios, en general provenientes del
sudeste asiático.

Respecto
a las importaciones, la principal compra que hizo Nicaragua a Estados
Unidos en 2001 fue todo lo relacionado con servicios (17.3%);
mientras que en el capítulo de bienes, los aparatos y máquinas
mecánicas (13.1%) y los cereales (10.6%) son los principales
productos consumidos
[58].

Nicaragua,
como todos los países de la región, entra además
al CAFTA sin haber realizado estudios de impacto sobre los resultados
de la negociación entre la población, ni mucho menos de
sectores productivos específicos
[59].

Además,
la escasa capacidad de negociación de Nicaragua es evidente y
la ausencia de fondos para sustentar las negociaciones es notoria. Es
por ello que los organismos financieros internacionales se han
comprometido a prestar dinero al país para que puedan seguir
en la mesa de negociaciones, con la incidencia que esto tendrá
en la deuda externa
[60].


14. Los
puntos sensibles de la negociación

La
agenda temática ha sido prácticamente impuesta por
Estados Unidos. La agricultura, principal expectativa de negociación
de Nicaragua, no será objeto de negociación debido a
que Estados Unidos no pone en cuestión los subsidios que
realiza a sus productores y no quiere que se subsidie la agricultura
en Centroamérica, lo cual de salida ya supone una importante
desigualdad de condiciones para la negociación.

Estados
Unidos aprobó recientemente la Ley de Seguridad en Inversión
Rural, mediante la cual destinará 248 billones de dólares
(un 80% más que el año pasado) a subsidiar la
agricultura.

Mientras
tanto, la agricultura representa la principal fuente productiva de la
región. Más de la mitad de la población de
Centroamérica vive en las zonas rurales, y cerca del 80%
depende de la agricultura
[61].

El
hecho de no negociar los subsidios supone que los productos agrícolas
estadounidenses están en mejores condiciones de precios para
inundar el mercado centroamericano, lo cual, según ya han
adelantado muchos expertos, supondrá la profundización
de la crisis en un sector rural ya de por sí desfavorecido al
no contar con apoyo de sus gobiernos.

Por
otra parte, como se ha señalado anteriormente, el sector
textil y de confección tampoco tendrá resultados
favorables para Centroamérica pues Estados Unidos plantea unas
reglas de origen restrictivas que exigen que la hilasa provenga de la
región, lo cual dejaría automáticamente fuera
del tratado a prendas con hilasa o tela importada de terceros países.

Estados
Unidos podría utilizar estrictas medidas para evitar la
triangulación de prendas no originadas en la región,
incluso se mencionan mecanismos donde la “sospecha” de
triangulación es razón suficiente detener un embarque
de ropa. Las zonas francas maquileras con capital y materia prima
oriental quedarán de esta forma sin beneficios del CAFTA.

Además,
Estados Unidos ha presentado una lista de productos sensibles
susceptibles de ser excluidos de la negociación. Entre ellos
destaca el azúcar y, en lo que compete a Nicaragua por ser un
importante productor, el maní.

Tampoco
se hablará en las mesas de la movilidad de mano de obra
centroamericana hacia le mercado laboral de Estados Unidos; tal y
como se aplicó en el TLC entre USA y Chile, la previsión
es que se establezca una categoría temporal para
profesionales, comerciantes e inversionistas, personal
intracorporativo y visitantes de negocios.

Por
último, en el área medio ambiental no parece que
Centroamérica pueda sacar ventaja de su condición de
protector del entorno frente a un país altamente
industrializado y contaminante.


15.
Conclusiones

La
primera impresión que salta a la vista es que no se puede
definir el CAFTA como un tratado de libre comercio. El punto de
partida en la negociación es desigual, Estados Unidos impone
sus criterios en aras del mantenimiento de su seguridad nacional y
los gobernantes de los países centroamericanos se aprestan a
asumir las condiciones y a negociar posibles ventajas en los restos,
es decir en los escasos aspectos que sí son negociables,
además de obtener nuevos créditos de los organismos
financieros para mitigar un eventual estallido social.

Estados
Unidos necesita a Centroamérica en un rol de consumidora de
sus productos y servicios, a cambio le ofrece la posibilidad de
facilitar la entrada de algunas materias primas que posteriormente le
devolverá manufacturadas. Además, se niega a que los
países de la región subvencionen la agricultura pues le
interesa colocar sus productos sin competencia en el mercado.

Si
el acuerdo se alcanza en esos términos, supondrá la
caída en picado del sector productivo rural centroamericano.
El impacto más negativo lo tendrá Nicaragua, que es el
país más dependiente de la agricultura, cuya producción
representa el 32% del Producto Interior Bruto, es decir alrededor de
2 millones y medio de dólares (según explicó
Carlos Pacheco en la Cátedra Abierta).

La
consecuencia es más trágica si se tiene en cuenta que
el sector rural no cuenta con alternativas a la producción
agrícola. El Estado nicaragüense no planifica, no
controla y no diseña planes que contribuyan a diversificar la
obtención de recursos económicos de su población.
Posibles salidas como el turismo, la agroindustria o el procesado de
materias primas agrícolas no cuentan con planes de viabilidad.

La
única tendencia alternativa de Nicaragua, al igual que los
países de la región, la constituye el sector maquilero,
que absorbe mano de obra barata en condiciones precarias pues los
trabajadores carecen de los derechos más elementales.

Sin
embargo, a la luz del planteamiento de la negociación, el
sector textil y de confección, en el que se insertan las
maquilas, no es susceptible de obtener ventajas con el CAFTA pues
Estados Unidos no quiere la entrada de productos del extremo oriente
camuflados bajo la etiqueta de “made in Centroamérica”.

Con
este escenario, la tendencia más predecible es el progresivo
abandono del campo y la migración a las ciudades o al
extranjero en busca de puestos de trabajo; en definitiva, el mayor
empobrecimiento del sector pobre, que es al fin y al cabo el que va a
pagar las consecuencias de una política gubernamental
dependiente de los Estados Unidos.

Mientras
tanto, la población de Nicaragua desconoce qué se está
negociando en realidad, los medios de comunicación dibujan un
panorama alentador reproduciendo las declaraciones de los
gobernantes, que no cesan de hablar del CAFTA como la alternativa de
desarrollo del país.

Además,
entre los organismos de la sociedad civil se identifican dos
posiciones. Por un lado están quienes se atribuyen la
representatividad social y buscan un espacio en el llamado “cuarto
de al lado”; su objetivo es negociar el mejor escenario posible
para la población pero sin cuestionarse las reglas del juego.
Por otra parte, determinadas organizaciones denuncian la trampa que
supone el CAFTA para los intereses populares. Desgraciadamente, unos
y otros carecen de la fuerza fundamental, que no es otra que la toma
de conciencia de la gente.

FUENTES
CONSULTADAS


·
Bake, Reny Mariane; Spross, Fernando. “El tratado de
libre comercio con los Estados Unidos: temas sensitivos para
Centroamérica y recomendaciones para optimizar la
negociación”. Investigación para el proyecto
“Centroamérica en el siglo XXI”, financiado por
IDRC de Canadá, ASIES y la Fundación Ford.
(www.asies.org.gt)


·
Figueroa, Luis; Umaña, Víctor. “Los Retos
de la Política Comercial y de la Agricultura en
Centroamérica”. Estudio promovido por el Instituto
Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Junio
2002.


·
Pacheco, Carlos. Conferencia sobre el CAFTA en Cátedra
Abierta, Aula Magna de la UCA, 17 de abril de 2003.


·
Rasmussen, Eva. Programa PRSP
Boletín Informativo-febrero 2003. Ibis,
Nicaragua.
(
www.nord-syd.dk)


·
Resolución presidencial “Tratado de Libre
Comercio Centroamérica-Estados Unidos de América”,
firmada por los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Guatemala y Nicaragua. Alajuela, Costa Rica. 26 de septiembre de
2002.


·
Secretaría de Economía. Gobierno de México.
“Balanza comercial de Estados Unidos”. Cuadro localizado
en www.naftaworks.org/Mexico-US_Trade

Zeledón,
Ana Eugenia.
“Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica
y Estados Unidos: antecedentes, estrategias y temas sensibles”.
Febrero 2003. (www.sipromicro.org)





[1]
Avendaño, Néstor. “Nicaragua y el alivio
interino de la iniciativa HIPC: tres escenarios de asignación
de los recursos liberados del pago de la deuda externa”. Oxfam
Internacional. Nicaragua. Diciembre 2000. Pág. 2.


[2]
Oxfam Internacional. “Nicaragua y la iniciativa HIPC”.
Enero 2001


[3]
Avendaño, Néstor. “Nicaragua en la encrucijada”,
conferencia ofrecida en la UCA, Managua, 20 de febrero de 2003


[4]
Lo integran los países más ricos del planeta, nota del
autor.


[5]
Oxfam Internacional. Op. Cit.


[6]
Ídem.


[7]
Ídem.


[8]
Pacheco, Carlos. “Nicaragua y la iniciativa HIPC. Crónica
de un caos anunciado”. Centro de Estudios Internacionales.
Pág. Web: www.ceinicaragua.org.ni


[9]
América Económica.com página web editada por
Asesores de Comunicaciones S.L., 13 de diciembre de 2002.
www.americaeconomica.com/numeros3/191/noticias.htm


[10]
Los 41 países altamente endeudados que existen en el mundo,
según dato facilitado por Néstor Avendaño,
conferencia citada.


[11]
Pacheco, Carlos. Op. Cit.


[12]
Ídem


[13]
Opinión citada en el boletín “Líneas del
Sur” editado por la Asociación de Amistad
Hispano-nicaragüense “Rubén Darío”.
Marzo 2000.


[14]
Meléndez, Mayda Isabel. “Disminuye ayuda externa para
Nicaragua”. Artículo publicado en El Observador
Económico. Edición 113, junio-julio 2001. Nicaragua.
Pág web:
http://www.elobservadoreconomico.com/archivo/113


[15]
Gómez Lacayo, Mauricio. “Nicaragua: la cooperación
externa y del PNUD en números: 1997-2000. Artículo
publicado en “El PNUD y Nicaragua ante el tercer milenio”.
PNUD Nicaragua, 2001.


[16]
Meléndez, Mayra Isabel. Op. cit.


[17]
Avendaño, Néstor. Conferencia citada.


[18]
Citado por Meléndez, Mayra Isabel. Op. cit.


[19]
Ídem


[20]
“Programa de modernización del municipio de Managua”.
Resumen ejecutivo. Fuente: Alcaldía de Managua


[21]
Mamberto, Giorgio. Embajador Jefe de la Delegación de la
Comisión Europea para Nicaragua, El Salvador, Honduras y
Guatemala. Conferencia pronunciada en ocasión de la VIII
Sesión del Seminario-país de la UCA. Managua, 27 de
febrero de 2002.


[22]
Citado por Carlos Pacheco Aliaga en “HIPC: ¿Escapando
de la trampa?. Centro de Estudios Internacionales. Pág.
Web: www.ceinicaragua.org.ni


[23]
Por sus siglas en inglés, ESAF significa Facilidad
Ampliada de Ajuste Estructural
. “Se trata de un crédito
en condiciones muy blandas que se le otorga a los países
miembros del FMI que están instrumentando Programas de Ajuste
Estructural y que además presentan dificultades económicas”.
Citado por María Rosa Renzi en “¿Qué es
el ESAF?”. Artículo publicado en El Observador
Económico. Número 29. Enero 1994. Managua,
Nicaragua. Obtenido en Pág. web. www.ladb.unm.edu


[24]
Botey, Jaume; Trayner, María Pau. “Nicaragua hoy”.
Revista Pueblos. Número 3. Octubre 2000. Publicación
de Izquierda Unida. Madrid, España. (www.izquierda-unida.es)


[25]
Se le denominó Plan Mayorga, pues su impulsor fue el entonces
presidente del Banco Central, Francisco Mayorga. N. del a.


[26]
Botey, Jaume; Trayner, María Pau. Op. Cit.


[27]
Martí, Salvador. “Nicaragua 1980-1986: ¿hacia
qué tipo de democracia? Working paper,
131.
Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona,
1997. (www.diba.es)


[28]
Conocidas como “Plan Lacayo”. N del a.


[29]
Botey, Jaume; Trayner, María Pau. Op. Cit.


[30]
Martí, Salvador. Op. Cit.


[31]
Jirón, Marvis. “Las relaciones interinstitucionales
derivadas de la Ley de Organización, Competencia y
Procedimiento del Poder Ejecutivo”. Monografía
presentada al Master en Gestión y Políticas Públicas,
organizado por la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y la
Universidad Centroamericana de Nicaragua. Octubre 1999. Managua,
Nicaragua.


[32]
Botey, Jaume; Trayner, María Pau. Op. Cit.


[33]
Incremento del ahorro público y ajuste de los precios de
combustible, entre otras.


[34]
Tasas de interés libre, anulación del crédito a
sectores sociales de bajos recursos, reestructuración del
BANIC, entre otras.


[35]
Emisión de regulaciones relacionadas con la Ley de
Privatización, agilizar la privatización del TELCOR,
continuar con la venta de empresas públicas, mantenimiento de
los precios libres de control e interferencia del Gobierno, salvo
algunas excepciones,


[36]
Renzi, María Rosa. Op. cit.


[37]
Jirón, Marvis. Op.cit.


[38]
Renzi, María Rosa, Op. cit.


[39]
Informe del Banco Interamericano de Desarrollo. 1998. (www.iadb.org)


[40]
Botey, Jaume; Trayner, María Pau. Op. Cit.


[41]
Bow, Juan Carlos. “ESAF sin eficacia en sector rural”,
nota de prensa en El Nuevo Diario, edición del 7 de agosto de
2002.


[42]
Idem.


[43]
Núñez Soto, Orlando. “El fondo monetario,
ecológico y social del desastre”. Artículo
publicado en El Nuevo Diario, edición del 10 de octubre de
1998.


[44]
Idem.


[45]
Bolaños, Enrique. “Política de generación
de empleo y disminución de pobreza en las zonas urbanas.
Mensaje a los micros, pequeños y medianos empresarios
(MIPYMES). Nicaragua, 2001.


[46]
Banco de Comercio Exterior de Colombia. “Reporte Nicaragua”.
Septiembre 2002. (www.bancoldex.com)


[47]
Tünnermann Bernheim, Carlos. “Reformar el Estado no es
simplemente reducirlo”. Artículo publicado en El Nuevo
Diario, 12 de marzo de 2003.


[48]
Idem.


[49]
Idem


[50]
Jirón, Marvis. Op. cit.


[51]
Idem


[52]
Central America Free Trade Agreement


[53]
Resolución presidencial “Tratado de Libre Comercio
Centroamérica-Estados Unidos de América”,
firmada por los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Guatemala y Nicaragua. Alajuela, Costa Rica. 26 de septiembre de
2002.


[54]
Ídem.


[55]
El primer considerando de la Trade Promotion Authority-TPA-
(aprobada a mediados de 2002), inicia con la frase: “La
expansión del comercio internacional es vital para la
seguridad nacional de Estados Unidos”.
Citado por Bake,
Reny Mariane y Spross, Fernando. “El tratado de libre comercio
con los Estados Unidos: temas sensitivos para Centroamérica y
recomendaciones para optimizar la negociación”.
Investigación para el proyecto “Centroamérica en
el siglo XXI”, financiado por IDRC de Canadá, ASIES y
la Fundación Ford. (www.asies.org.gt)


[56]
Mercado Común de los países del Cono Sur. N. del A.


[57]
Secretaría de Economía. Gobierno de México.
“Balanza comercial de Estados Unidos”. Cuadro localizado
en www.naftaworks.org/Mexico-US_Trade


[58]
Bake, Reny Mariane y Spross, Fernando.
Op.
Cit.


[59]
Zeledón, Ana Eugenia. “Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y Estados Unidos: antecedentes, estrategias y
temas sensibles”. Febrero 2003. (www.sipromicro.org)


[60]
“El BID contribuirá con un préstamo de 5.5
millones de dólares, el BICIE con medio millón y el
Banco Mundial con 5 millones”. Fuente: Eva
Rasmussen, Ibis, Nicaragua.
Programa PRSP Boletín
Informativo-febrero 2003 (
www.nord-syd.dk)


[61]
Figueroa, Luis; Umaña, Víctor. “Los Retos de la
Política Comercial y de la Agricultura en Centroamérica”.
Estudio promovido por el Instituto Centroamericano de Administración
de Empresas (INCAE). Junio 2002.