Pese a que por medio del canciller, Édgar Gutiérrez, el Estado de Guatemala
intentó el lunes 17 suspender el inicio del proceso para el esclarecimiento del
asesinato de la antropóloga Guatemalteca Myrna Mack, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) determinó en la diligencia del el martes 18, abrir
juicio contra el Estado por su responsabilidad en ese crimen ocurrido el 11 de
septiembre de 1990.

Con esta resolución la CIDH rechazó la petición de Gutiérrez debido a que no
abarca la aceptación de que el Estado Mayor Presidencial (EMP) instruyó y
planeó la violación al derecho a la vida de Mack; y tampoco aceptó que la
responsabilidad institucional se pueda entender como la aceptación de que
agentes del Estado hayan obstruido la justicia; hayan efectuado amenazas e
intimidaciones contra actores del proceso.

En la audiencia se escucharon los testimonios de Claudio Grossman, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Lucrecia Mack, hija de la
antropóloga, y de Virgilio Rodríguez, un vendedor de periódicos exiliado en
Canadá, quien aportó detalles de la vigilancia que mantenían elementos del
Estado Mayor Presidencial sobre la víctima. También declararon monseñor Julio
Cabrera, así como Helen Mack, hermana de la víctima.

El miércoles 19 se conoció que El Estado de Guatemala abandonó su defensa en el
juicio que celebra en su contra la CIDH. Según se indicó, el Estado anunció,
además, que sólo volvería a la audiencia la tarde del jueves 20, para plantear
una posición final.

El representante del Estado, Ricardo Alvarado Ortigoza, dijo que como hombre de
Estado no podía seguir escuchando testimonios que debilitan al Estado de
Guatemala y a su sistema de administración de justicia.

De acuerdo con la interpretación de expertos en el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos, la decisión del Estado de retirarse del juicio
significa -técnicamente- que ha incurrido en desacato, contumacia, rebeldía y
abandono de la defensa. Los representantes del Estado, al abandonar el juicio
contra su representado, posiblemente buscan fines maliciosos ulteriores, como
desconocer todo lo actuado en las audiencias.

Según Helen Mack, que actúa como parte acusadora, el abandono del juicio
constituye un agravio, una falta de respeto y una bofetada a la CIDH y al
sistema interamericano en su conjunto. Técnica y tácitamente, el retiro
equivale a desconocer a este sistema y su competencia, dijo.

El viernes 21, el Estado a través de Ortigoza aclaró solicitó permiso a la
Corte para retirarse del periodo de rendimiento de pruebas, más no del juicio.
También dijo que la CIDH, al referirse a “mínima parte” quiere decir que “hay
derechos conculcados que física y materialmente ya no es posible restituir”.

Explicó que “contumacia” significa “confesión por ausencia”, y que al
comparecer el Estado a la audiencia convocada por la CIDH y confesar su
responsabilidad institucional en la violación al derecho a la vida de Myrna
Mack, no se dio tal situación.

Declaró que espera que la Corte permita al Estado guatemalteco decidir las
indemnizaciones reparatorias que en mínima parte alivien los daños y el
sufrimiento causado a los peticionarios de Myrna Mack.

Mientras tanto, el proceso en segunda instancia programado para el 26 de
febrero en los tribunales guatemaltecos, podría retrasarse si la Sala Cuarta de
Apelaciones acepta una recusación presentada el martes 18 por el Ministerio
Público (MP) en contra de la jueza Rosa María de León Cano por haber trabajado
como asesora del hospital Militar, razón por la cual pudo haber caído en
imparcialidad.

Por el asesinato de la antropóloga el ex especialista del EMP Noel de Jesús
Beteta se encuentra purgando 30 años de cárcel como autor material. El coronel
Juan Valencia Osorio fue condenado en octubre de 2002 a 20 años de cárcel,
mientras el general Édgar Godoy el también coronel Guillermo Oliva Carrera se
encuentran encarcelados mientras se define el proceso.

En dos meses, la CIDH, tendrá un veredicto sobre las pruebas y alegatos que
representantes estatales y de la víctima presentaron.

Organizaciones internacionales piden investigar y desarticular a grupos
clandestinos

Diversas organizaciones de Europa, Canadá y Estados Unidos, entre las que se
encuentran Amnistía Internacional, Acción Ecuménica Sueca, el Centro Sueco de
ONG para el Desarrollo, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia-Alemania,
manifestaron, en un comunicado de prensa, su firme apoyo a la propuesta hecha
por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en torno a que pida a la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados
Americanos (OEA) su colaboración en la comisión, para desarticular los grupos
clandestinos y aparatos paralelos de seguridad en el país.

Las organizaciones urgieron al gobierno que solicite formalmente a la ONU y a
la OEA su participación en la comisión, como una muestra clara de su voluntad
política y compromiso de combatir a dichos cuerpos.

En Guatemala también seis entidades humanitarias señalaron en un comunicado su
preocupación porque esas estructuras se han fortalecido durante el gobierno de
Alfonso Portillo, sin que éste las investigue para desarticularlas y procesar a
sus integrantes.

Las entidades, entre ellas, las fundaciones Rigoberta Menchú y Myrna Mack, así
como por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), el Grupo de
Apoyo Mutuo (GAM), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA),
denunciaron que el Estado guatemalteco no muestra voluntad para crear la
comisión referida.

Los grupos indicaron que hace más de un mes que el Procurador de Derechos
Humanos (PDH), Sergio Morales, y el Congreso de la República, pidieron a
Portillo que creara la comisión investigadora. Sin embargo, hasta el momento
no ha mostrado voluntad política para constituirla.

* Centro de Estudios de Guatemala
La Semana en Guatemala. Resumen de noticias, del 17 al 23 de febrero de 2003