Golpe de Estado en Venezuela ¿fin de las ilusiones del pueblo soberano?

José Luis Bolívar y Julio Fermín

Caracas

En horas de la madrugada de hoy 12 de Abril, el ahora ex-presidente Hugo
Chávez, según dieron a conocer los medios de comunicación, presentó su
renuncia, después de enfrentarse a un bloque social y político de oposición
compuesto por la cúpula empresarial (Fedecamaras), la cúpula sindical no
confirmada (Confederación de Trabajadores de Venezuela – CTV), partidos
políticos de derecha, la clase media movilizada y los todopoderosos medios
de comunicación social.

Con tan sólo 3 años en el poder, Chávez debió abandonar el palacio de
gobierno y entregarse a un alto mando militar sustituto, después de una
jornada de manifestaciones callejeras convocadas por la oposición y
enfrentamientos con adeptos al gobierno, que culminaron con 11 muertos y
más de 100 heridos, un hecho deplorable y para lo cual deben hallarse los
responsables y aplicar las normas jurídicas. Fuentes ligadas a Hugo Chávez
comunicaron que el ex mandatario fue apresado y conminado a entregar su
gobierno por la cúpula militar.

El desenlace de este momento está fuera del marco constitucional, lo que
nos ubica a todos los venezolanos dentro de un clima de inseguridad y a
disposición se intereses desconocidos. Por ello, la junta de Gobierno
nombrada desconoce el marco constitucional y contribuye a la confusión. La
matriz de opinión consolidada y maniquea es que hubo una masacre y que
todas las autoridades de los cinco poderes públicos nacionales, estadales y
municipales del partido de gobierno son delincuentes, que merecen castigo
inmediato, mientras que los organizadores de la huelga general son los
nuevos paladines de la democracia.

Rápidamente se obvia que el gobierno de Hugo Chávez, no fue un producto de
la casualidad, sino parte de la historia de búsqueda del pueblo venezolano
por lograr un país donde los ciudadanos tengamos una vida digna. La
propuesta de Hugo Chávez vino a capitalizar los anhelos y esperanza de un
pueblo asqueado del manejo de la democracia, la política y el estado por
parte de sectores social-demócratas y social-cristianos desde la fundación
misma de la democracia. La bienvenida a la gestión de Hugo Chávez fue
entusiasta y se mantuvo entusiasta hasta los actuales momentos, eso
permitió una fidelidad de grandes sectores de la población a las reformas
propuestas en esta gestión. Por primera vez, el Estado no estaba
controlado por el poder económico nacional y transnacional.

Tal como lo manifestara en Caracas, en días recientes, el Director del “Le
Monde Diplomatique”, Ignacio Ramonet, en Venezuela se ha ratificado el
hecho que “en el mundo actual el control político de las naciones depende
cada vez más del poder económico y del poder de los medios de
comunicación”, en medio de serias dudas de la legalidad de los hechos
recientes.

El largo día jueves 11 de abril

Los días 11 y 12 de abril fueron la culminación de un rápido proceso de
deterioro del gobierno y la acumulación de fuerzas de la oposición. El año
pasado era un período clave para la instrumentación de leyes fundamentales
a partir de la Constitución recién aprobada en 1999. De hecho, los
conflictos se endurecieron al acometer áreas como las Leyes de
Microfinanzas, las Ley de Tierras, Hidrocarburos, Pesca, Ambiente, entre
otras, donde comenzaron a manifestarse fuertes confrontaciones en defensa
de privilegios y temores por los intentos de democratización del capital,
que para algunos analistas, apenas se trataba de reformas liberales.
Durante el proceso de discusión y la final aprobación a través de una Ley
Habilitante, no se logró el diálogo necesario y se gestaron la serie de
protestas que culminaron ayer.

El 10 de diciembre de 2001 se realizó un paro general convocado por las
cúpulas empresariales, quienes lanzaron la iniciativa para sondear el
respaldo del resto de los factores de la sociedad. Esta acción,
magnificada por los medios, resultó un éxito para comprender que sólo
podría pararse gran parte del país, si se cerraban las empresas, debido a
la situación del mercado laboral y el escaso poder de convocatoria de la
CTV.

Venezuela cuenta, aproximadamente, con una población económicamente activa
de 10 millones de personas, de las cuales 5,5 millones pertenecen a la
economía informal y 1,5 millones están desempleadas. Del resto apenas 15%
está sindicalizada, por lo que sólo un pacto entre estas cúpulas podría
conducir a algún resultado.

Posteriormente, en este año 2002, el gobierno y la oposición volvieron a
medirse el 23 de enero y el 4 de febrero. Pero lo decisivo fue la
beligerancia cada vez más creciente de los medios de comunicación, quienes
en una competencia desleal con los medios al alcance del gobierno,
amplificaban el mensaje y las acciones opositoras, así como estimulaban
abiertamente la injerencia militar. Venezuela y el mundo entero sólo
reciben información sesgada lo cual, a juicio de algunos analistas, es una
muestra evidente de una “verdadera dictadura mediática que burla el derecho
de los ciudadanos a estar informados”.

Cada vez queda más claro para observadores internacionales y políticos
venezolanos, la amenaza que suponía para el gobierno norteamericano la
consolidación del gobierno de Chávez y su vinculación geopolítica con Cuba
y la posibilidad de triunfo presidencial en Brasil por parte de Ignacio
(Lula) Da Silva. Sin embargo, también hoy la comunidad internacional está
confundida, por cuanto supone, como en efecto lo es, una ruptura del hilo
constitucional. Esta es una omisión importante del movimiento
conspirativo, ya que han obviado la necesidad de reconocimiento
internacional y la violación de la recientemente aprobada Carta
Interamericana, aunque ya cuentan con el aliviado saludo de la Casa Blanca.

El plan, con evidente y a veces oculto apoyo exterior, se desenvolvió de
manera sincronizada, y apeló a un conflicto planteado en la principal
industria petrolera del país, para ir hilvanando una huelga general con
claros propósitos insurreccionales. El proceso de rápidos acontecimientos
comenzó con un paro de 24 horas el martes 9 de Abril, extendido luego a 48
horas, y que culminó ayer en una movilización multitudinaria de personas
hacia el palacio de gobierno, a solicitar la renuncia del Presidente
Chávez.

A los ojos y oídos de la población, conectada a la realidad a través de los
medios, se produjo una crisis de gobernabilidad, envolvente desde afuera
hacia adentro, a partir de esta acción coordinada entre la cúpula
empresarial y la dirigencia de la principal Central Obrera del país,
aliados con algunos grupos de presión de la sociedad civil, quienes
clamaron durante tres días por la participación de los militares.

Los hechos y el desenlace confirman el rol estratégico de Venezuela, cuarto
productor mundial de crudo y tercer proveedor de combustible de Estados
Unidos, para quien Chávez se había convertido en un socio incómodo. Los
mercados han reflejado el júbilo porque la caída de Chávez también ha
significado la caída del precio del petróleo y un posible cambio de la
política nacional hacia la OPEP, donde hasta ahora se apuntaló la política
de reducción de producción para favorecer los precios. Pero, también la
crisis afecta el mundo de las relaciones diplomáticas, cuando varios
sectores se frotan las manos ante el anuncio de un directivo de que ya no
se enviará un solo barril a Cuba.

Oportunidad perdida facilitada por los errores del gobierno

Es evidente que el gobierno cometió muchos y graves errores, que pueden
ubicarse desde las postrimerías del proceso constituyente de 1999, cuando
comenzó un aislamiento, distancia, conflicto y exclusión de diversos
sectores que le acompañaron para conseguir el triunfo electoral.
Posteriormente, en la instrumentación de los cambios y la propia acción de
gobierno, la falta de piso político fue fundamental y cayó en muchas
contradicciones que condujeron al gobierno a obviar el propio marco de
derechos que había diseñado. Esto se sumó a una estrategia de
confrontación en una sociedad ya de por sí dividida en todos sus estratos
sociales y con una profunda desigualdad social, que mantiene en la pobreza
a más del 70% de la población. Asimismo, no se leyó una realidad
fundamental, y es que los poderes económicos, mediáticos y las propias
Fuerzas Armadas estaban intactos después de 40 años.

Para muchas organizaciones populares y movimientos sociales, que
resistieron el bipartidismo e intentaron construir otro modelo de sociedad
durante los últimos 40 años, el sentimiento fue de exclusión, a favor de
otros modelos de organización ya superados. En algunas ocasiones, la
reflexión apuntó a denunciar un secuestro del “proceso” de cambios en manos
de otra cúpula que ahora actuaba desde el poder. No obstante, para estas
organizaciones y movimientos al menos este era un gobierno identificado con
los intereses de las mayorías. Pero, en un país sin organizaciones
políticas sólidas y un tejido social muy débil, más bien, la propia nueva
constitución se convirtió, debido a sus inmensas posibilidades para una
democracia participativa, justicia social y un nuevo modelo económico, en
el mejor instrumento de la oposición para derrocar al gobierno.

El desempeño de Chávez estuvo marcado por una prioridad de la acción del
estado hacia los sectores más pobres de la población, y para ello se hizo
necesario la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Nacional
que consagra aspectos de gran importancia para la sociedad venezolana. Sin
embargo, este desempeño también estuvo marcado por signos de mesianismo,
asistencialismo y voluntarismo que impidió el desarrollo de dialogo con
algunos sectores y por ende de posibles acuerdos. En este proceso se
desarrollo con el pueblo, pero sin organización de este, lo cual impidió
una mayor riqueza en las propuestas y la gestión de acciones más
contundentes.

Golpe seco y posible cacería de brujas

Sin embargo, no se puede obviar que el desenlace ocurrido en la madrugada
de hoy puede calificarse como un “golpe seco”. Chávez ha sido desalojado
del poder no por mecanismos democráticos, sino por presiones de militares,
que declaran que no se trata de un golpe de Estado, pero que han sido
decisivos para torcer el rumbo de la conducción del país.

La perspectiva inmediata plantea que los militares aparentemente cederán el
poder a un liderazgo que se presenta como “nuevo” ante la población y que
no ha asumido ninguna responsabilidad por los muertos y heridos que también
pudieron haber provocado el día anterior. El papel sesgado y parcializado
de los medios de comunicación privado han contribuido a esto compitiendo
con el gobierno, en la violación del derecho a la información y a la
libertad de expresión de los venezolanos, jugando a la manipulación de la
información. Solo un medio de comunicación nacional ha sido portavoz de
todos los sectores.

El alto mando militar ha decidido nombrar un gobierno de transición
encabezado por el empresario Carmona Estanga (presidente de Fedecamaras),
quien en el día de hoy 12 de Abril nombrará un Consejo de Estado
(consultivo) compuesto por 25 representantes de los sectores más
importantes del país, y designará el gabinete de ministros que le
acompañarán.

Mientras tanto la matriz de opinión creada por los medios de comunicación y
los sectores que encabezan la oposición es de “castigar a los asesinos y
bandidos”. Ello en este momento ha derivado en una persecución policial,
por parte de los órganos de seguridad del Estado, a ministros,
gobernadores, diputados, alcaldes y demás dirigentes políticos afectos al
gobierno de Hugo Chávez, en una retaliación condimentada con apoyo popular
y deseo de venganza.

Según se desprende de los mismos medios de comunicación, tal persecución
podría derivar en una “cacería de brujas” detrás de aquellas personas que
simpatizan con Cuba, con ideas socialistas, o que simplemente han
participado en lo que el gobierno de Chávez promovió y denominó “círculos
bolivarianos”.

La defensa de la constitución

La denominada “junta de gobierno” nombrada hoy ha derogado de un plumazo el
orden constitucional, pasando por encima del Estado de Derecho vigente y de
la recientemente aprobada Carta Interamericana, al disolver la Asamblea
Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ciudadano. Ya se
notan síntomas preocupantes en algunos voceros y acciones orientadas a
desatar una persecución de todo lo que se parezca a posiciones afectas al
ex-presidente Chávez, y algunos sectores están atentos a posibles
violaciones de los derechos humanos.

Si bien, el nuevo gobierno se acoge a la Constitución de 1999, ya aprobó
elecciones de un nuevo Congreso con facultades constituyentes, que
seguramente amenazarán los avances en materia de derechos humanos,
económicos, sociales y culturales consagrados en la misma constitución,
será un desafío importante luchar para que se mantengan en la constitución
de 1999, la primera aprobada por votación popular en la historia del país.
Los firmantes del Decreto del Gobierno de Transición Democrática y el nuevo
gabinete, donde predominan empresarios y miembros de los partidos AD y
COPEI que dominaron la política nacional antes de Chávez, ya nos dan una
primera impresión clara de la recuperación del poder por parte de la clase
política de finales del siglo pasado.

Para los sectores populares, los movimientos sociales, e incluso las
propias organizaciones de la sociedad civil que colaboraron con la
interrupción del gobierno, este será el desafío clave. Si la constitución
será un instrumento decisivo para definir el futuro inmediato del país o
por el contrario si se piensa violar el proceso democrático y constituyente
iniciado en 1999. En este juego, algunos miembros de organizaciones
sociales se han prestado para la posible conspiración, hablando en nombre
de la sociedad civil, secuestrando el protagonismo del conjunto de
organizaciones que hacen vida en el país, ya que ellos solo representan una
voz dentro de la sociedad civil.

Hasta ahora, en los planes y fórmulas de los “triunfadores” se avistan
pretensiones de retomar el modelo neo-liberal frustrado en la década de los
90’s, precisamente por las revueltas populares y el intento de golpe de
estado que tuvo como protagonista al derrocado de hoy. El énfasis
seguramente estará más en resolver la crisis económica posponiendo las
prioridades sociales del Estado. El objetivo es como en todo golpe de
estado, pasar por encima de las recientes instituciones y del diseño de los
mecanismos democráticos largamente ambicionados por la sociedad venezolana.
El pueblo venezolano tiene el reto de cultivar su memoria histórica y no
olvidar como en el pasado que los sucesos del 11-A pueden ser otra jugada
cíclica de su historia.