El lunes 11 de junio, empezó en Washington una nueva ronda de negociaciones
comerciales entre Chile y Estados Unidos. Desde hace 5 meses equipos del
gobierno chileno negocian con sus pares norteamericanos un acuerdo de
comercio e inversiones, en base al modelo y los capítulos del NAFTA. El
proceso de negociaciones avanza en un contexto de absoluto desconocimiento
del público chileno, de desinformación parlamentaria y de marginación de
organizaciones laborales y ambientales. Sólo una elite gubernamental y
empresarial maneja la información sobre la posición chilena.

Sectores económicos vinculados a la pequeña y mediana empresa, a la
producción agrícola, al sector laboral y organismos no gubernamentales han
expresado su preocupación por los impactos potenciales de una mayor apertura
comercial y se han quejado por la imposibilidad de acceder a la información
sobre las negociaciones.

Hasta el momento, el análisis de las tendencias producidas por la
liberalización de los mercados en Chile, la revisión de los efectos del
modelo Nafta en México y Canadá y la información sobre las audiencias
públicas y los grupos de interés en Estados Unidos, permiten desmontar los
mitos más recurrentes sobre los beneficios que el Tratado de Libre Comercio
(TLC) tendría para el desarrollo del país.

Cuatro mitos

El primero tiene relación con la estructura exportadora nacional y los
recursos naturales:

Las exportaciones chilenas a Estados Unidos corresponden en un 90% a recursos
naturales. La competitividad de las materias primas chilenas actualmente está
basada fuertemente en la externalización de los costos ambientales y
sociales; esto es la mantención de bajos salarios y deficientes normas
ambientales como modo de asegurar un producto final competitivo en los
mercados y de bajo costo (razón de las acusaciones de dumping que diversos
sectores de nuestra economía han recibido). La expansión de este tipo de
exportaciones chilenas a Estados Unidos, sobre la base de las actuales
ventajas competitivas, continuará intensificando la degradación de los
recursos naturales del país y ayudará a engrosar las cifras negras del
círculo de la pobreza.

Es claro que los precios de los productos exportados por Chile no reflejan
los costes implicados en su producción: costos del daño al ambiente y a la
salud de la población, costos de regeneración de recursos naturales
renovables, o de reposición de recursos no renovables como los minerales.

Un acuerdo con Estados Unidos no significará un crecimiento sustantivo de la
industria de manufactura de productos elaborados sobre la base de materias
primas. Muy por el contrario, reforzará la actual estructura exportadora
nacional de materias no elaboradas, perpetuando la presión sobre los recursos
naturales, generando un pasivo ambiental por pérdida de capital natural y
destrucción de la base de recursos de las economías locales y regionales.

El segundo mito para fundamentar la conveniencia de un acuerdo bilateral con
Estados Unidos es que aportará generación de empleos. Pero la estructura
exportadora chilena y, en particular, las relaciones comerciales con Estados
Unidos se basan en la exportación de recursos naturales no procesados y por
tanto no genera un porcentaje sustantivo de empleos -con excepción del empleo
temporal agrícola o la mano de obra no calificada o “barata”. La generación
de empleos en nuestro país está vinculada al valor agregado a las materias
primas, a los servicios y al comercio interno, en definitiva al sector de las
PyMe. De acuerdo a cifras del Programa de Economía del Trabajo (PET), los
sectores mencionados como más dinámicos de la economía, orientados al mercado
externo, demandan apenas el 1,6% de la ocupación total.

Si Chile quiere generar mayor cantidad de empleos vinculado al sector
exportador de materias primas, requiere reorientar su política económica
hacia una segunda fase exportadora basada en materias primas manufacturadas.
Este objetivo requiere la modificación de varios mecanismos económicos para
incentivar el valor agregado y una industrialización liviana del sector
recursos naturales. Pero un acuerdo con Estados Unidos dificultaría dicha
transición, pues nos mantendría -como hasta ahora- atados a la exportación de
materias primas. Además por la escala de producción y el nivel tecnológico
norteamericano es casi ilusorio competir con su manufactura.

El tercer mito para promover las negociaciones del TLC con Estados Unidos es
que la mayor apertura comercial generará crecimiento económico y superación
de la pobreza. Intensificar la actividad comercial sobre la base de las
actuales ventajas competitivas en Chile dificulta el mejoramiento de las
condiciones laborales, del salario y de los servicios sociales vinculados al
sector productivo. El crecimiento económico que podría traer el aumento de
exportaciones no asegura la solución de la pobreza, ni la distribución de la
riqueza. Al contrario, pueden degradarse aún más las condiciones de trabajo
para mejorar la competitividad, ampliando la brecha entre los sectores más
pobres y más ricos de la nación.

El caso de Chile es claro, al respecto mantiene desde inicios de la
transición un 20% de chilenos pobres y la desigualdad en la distribución del
ingreso -1,5% del PIB los más pobres y 45% del PIB los más ricos- se ha
mantenido sin cambio alguno desde la década de los 80`.

Así el crecimiento económico generado por una expansión comercial con
ventajas competitivas externalizadoras no asegura el logro de objetivos de
generación de empleo o de equidad social, los cuales son requisitos
fundamentales para el bienestar de la población nacional.

El cuarto mito de las negociaciones del TLC con Estados Unidos es que este es
un acuerdo comercial. Si bien es cierto que el TLC cubre aspectos
tradicionalmente vinculados al comercio, como acuerdo establece un marco
amplio de complementación económica bajo el fundamento del “trato nacional”,
que incluye el acceso a los servicios, a las compras del Estado y a todo el
régimen de inversiones.

En el modelo Nafta, que es el marco de las negociaciones del TLC, se incluyen
bajo un lenguaje de trato equitativo y nacional, mecanismos expropiatorios y
desregulatorios que pueden amenazar las leyes nacionales y la capacidad del
Estado chileno de proteger los derechos de su población. Particularmente el
capítulo 11 sobre inversiones, da derecho a las empresas norteamericanas para
desafiar las regulaciones nacionales a través de la solicitud de
compensaciones por ganancias no obtenidas. La resolución de aquellas
solicitudes es de carácter secreto y, por ende, completamente improcedente en
un Estado democrático moderno.

La liberalización total de servicios y de sectores claves para la soberanía
nacional como las compras del Estado, las áreas silvestres protegidas o los
derechos de propiedad intelectual, pueden significar la expropiación total al
Estado chileno de su capacidad para incentivar, limitar o regular la política
económica basándose en las necesidades de la población y con relación a las
prioridades del desarrollo nacional.

Al menos el gobierno del presidente Lagos debiera dar a la población
información clara sobre estos 4 mitos sobre el potencial incremento de
nuestras exportaciones a Estados Unidos, y también sobre un olvido: ¿cómo
pretende enfrentar el gobierno el incremento de las importaciones de
productos forestales manufacturados, de productos farmacéuticos y de
productos agrícolas entre otros? Porque ciertamente constituyen una amenaza
para la débil industria y agricultura nacional.

El 30 de mayo, varias asociaciones empresariales testificaron ante la
Comisión de Comercio Internacional (ITC), en relación con el TLC con Chile.
No pudieron ser más elocuentes, en cuanto a qué esperan ganar:

“Esperamos cuadruplicar las exportaciones agrícolas hacia Chile, desde US$ 50
millones a US$ 200 millones, en los próximos 5 años, bajo el acuerdo
comercial bilateral que hoy se está negociando”; declaró Anita R.Brown,
representante de la Agricultural Coalition on Trade (ACT), organización de
exportadores agrícolas californianos de fruta, verduras y nueces que
monitorean el comercio agrícola. Las cifras señaladas por Brown provienen de
una investigación solicitada por la Oficina de Comercio de Estados Unidos
(USTR, en inglés) sobre posibles impactos del TLC en el sector agrícola
norteamericano.

En la misma audiencia, la representante de la American Forest & Paper
Asociation, Maureen Smith, señaló que la industria norteamericana desea que
Chile elimine en forma inmediata las tarifas reguladoras sobre productos de
madera y papeles para poder ingresar masivamente con los productos forestales
al mercado chileno. Timothy Richards y Peg Willingham, representantes de la
industria de artículos electrónicos y de la industria farmacéutica,
respectivamente, pidieron la eliminación de tarifas para artículos eléctricos
y productos farmacéuticos y la apertura de las licitaciones de las compras
del Estado y un cambio profundo del sistema chileno de propiedad intelectual.
A pesar de la suma y resta entre las importaciones y exportaciones, las
autoridades chilenas creen que “se las saben todas”. Invocan cifras en
dólares, anuncian grandes inversiones e insisten con curioso optimismo en los
beneficios del TLC. A primera vista efectivamente puede parecer así, pero
detrás de los millones virtuales que el Acuerdo ofrece, existe una cifra
negra de efectos para el país en el corto y mediano plazo. Y es éste el punto
que al gobierno de Ricardo Lagos se le olvida: el saldo social y ambiental
que el acuerdo provocará para el país, que recibirán las próximas dos
generaciones de chilenos, será más que negativo.

En definitiva, “Tu ves lo que quieres ver”.

Sara Larraín, Directora Programa Chile Sustentable.