Fui un preso común durante dos de los cuatro años (1969-1973) en que baje a los
infiernos, segregado del medio de los prisioneros políticos por arbitrariedad de
la dictadura militar (con perdón del pleonasmo). En Sao Paulo, pasé por las
penitenciarías del Estado y de Presidente Venceslau y por Carandiru.

Treinta años después, Brasil aún no formula una nueva política penitenciaria.
El gobierno insiste obstinadamente en reducirla al binomio reprimir (a los
bandidos) y construir (cárceles). No se reforma el Código Penal, ni se amplia
el número de jueces. Los cuadros funcionarios del sistema penitenciario no
reciben calificación adecuada y los bajos salarios favorecen a la corrupción.

Se suma a esto la sobrepoblación de las cárceles, la morosidad de la Justicia,
la promiscuidad carcelaria y la ociosidad de los reclusos. Se mezclan nuevos
con reincidentes, homicidas pasionales y ladrones menores de la calle con
violadores y asaltantes de bancos. Son raros los presidios que invierten en
reeducación, a través de estudios y formación profesional, con reducción de pena
proporcional al aprovechamiento.

Brasil no cambió, pero los presos cambiaron. No se dan cuenta de eso únicamente
los responsables del sistema penitenciario que insisten en querer tapar el sol
con el dedo. Se pasa ahora, de la revuelta individual a la rebelión
corporativa. En Río, desde hace 20 años el Comando Rojo controla las cárceles.
En Sao Paulo, el Primer Comando de la Capital se articula desde hace ocho años.

La sofisticada organización del motín del domingo 18 de febrero comprobó que las
autoridades carcelarias ignoran lo que ocurre al interior de las prisiones. No
disponen de canales de información capaces de apoyar medidas preventivas. País
curioso este en el que son intervenidos los teléfonos de diputados y ministros,
sin que se tenga el menor indicio de un levantamiento que toma más de 5 mil
rehenes! En suma, una acción criminal tan bien organizada reveló cuan
ineficiente es el poder público encargado de cuidar la seguridad de la
población.

El lugar del bandido es la cárcel, no hay duda. A partir que el Estado no
permita que ellas se transformen en escuelas de monstruos, ni en piras de
sacrificio de impulsos vengativos, como ocurrió en la masacre de 111 detenidos
de Carandiru, en 1992, bajo el gobierno de Luiz Antônio Fleury Filho.

Solo una Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) del sistema carcelario y
la reforma penitenciaria, será capaz de cerrar la puerta más transitable de las
prisiones: la corrupción. Por ella entran drogas y armas, herramientas y
teléfonos celulares. Lo que desee un presidiario, solo no entran helicópteros.

En los meses en que estuve en la penitenciaría Presidente Venceslau, en compañía
de otros cinco presos políticos, organizamos círculos bíblicos, grupo de teatro,
talleres de pintura y, sobre todo, cursos extra de gimnasia. De los ochenta
alumnos, varios abandonaron el crimen al salir de la cárcel. Uno de ellos se
convirtió en pintor, y sus telas, expuestas en un hotel de Sao Paulo, merecieron
críticas favorables en revistas como “Veja”. Este ejemplo demuestra que
recuperar bandidos no es un monstruo de siete cabezas, basta que haya lo que
falta en la esfera federal cuando se trata de problemas sociales: voluntad
política.

El gobierno de Fernando Henrique Cardoso corre el riesgo de pasar a la historia
como el sin reforma: agraria, tributaria, penitenciaria, etc. Quiera Dios que
el desenlace de la tragedia carcelaria sirva para que, mañana, las autoridades
traten como un caso de política lo que ahora es encarado como un caso de
policía.

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