Para el filósofo italiano Norberto Bobbio, después que se llega a la
conquista de las elecciones para los principales puestos electivos del
país, debe profundizarse la democracia, extendiendo el voto a todos los
rincones de la sociedad. En una democracia política efectiva, según él,
debe votarse en los cuarteles, en las escuelas, en las redacciones, en las
fábricas, en los conventos, en los clubes deportivos. En fin, en todos los
lugares donde se ejercen funciones de carácter social, debe constituirse la
ciudadanía, expresada en el derecho de decisión respecto del sentido de lo
que se hace. De lo contrario tendríamos una democracia estrictamente
formal, en la cual los gobernantes son electos, mas, por ejemplo, los
trabajadores no deciden lo que van a producir, para quién, a qué precio,
con qué calidad, de qué forma. Tendríamos la paradoja de una democracia
política con una dictadura social.

En la propia Italia, aunque no haya avanzado en el sentido apuntado por
Bobbio, se consolidó una forma de ejercicio complementario de la democracia
política a través del plebiscito y del referendo. Aunque otros países –
como EE.UU., por ejemplo- tuvieron ese mecanismo hace más tiempo y de forma
más extensa, en Italia él asumió una expresión ejemplar, al tocar temas
escenciales y permitir la manifestación de la voluntad popular contra
consensos aparentemente mayoritarios.

Me refiero en particular a las consultas populares sobre el divorcio y
sobre el aborto. En un país considerado conservador, dirigido durante
décadas por la Democracia Cristiana y teniendo a El Vaticano como presencia
ideológica determinante, se suponía que las fuerzas laicas difícilmente
conseguirían afirmar derechos que afectan directamente dogmas religiosos en
una consulta pública, en que la campaña en contra tendría no solo a
gobernantes, sino a autoridades religiosas directamente empeñadas en el
resultado. No obstante, en una de las más importantes manifestaciones de
la democracia directa, el pueblo italiano, por mayoría, impuso, primero, el
derecho al divorcio y, después, el derecho al aborto, en un país católico,
considerado culturalmente atrasado -vivíamos los años sesenta todavía- y
conservador. Las consultas también sirvieron para desconfiar de los
consensos afirmados cotidianamente por la gran prensa y por los acuerdos
entre los partidos políticos, que supuestamente expresan la voluntad de la
mayoría del país.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX los mecanismos del referendo y
del plebiscito se extendieron, aunque hayan sido vaciados en muchos casos –
como en EE.UU.- por la extensa lista de temas consultados y por la
coincidencia y disolución en los procesos electorales tradicionales. El
vaciamiento de representación y la pérdida de legitimidad de los sistemas
políticos y de sus instituciones -gobiernos, partidos, parlamentos- han
conducido, entre tanto, a la búsqueda de formas de revalorización de los
sistemas democráticos en varias partes del mundo -de Venezuela a Colombia,
de México a Inglaterra.

Gobierno ilegítimo

En el caso de Brasil, la reinstauración del sistema democrático -en la
forma que asumió- no se volvió instrumento de democratización social del
país y ni siquiera de extensión del ejercicio democrático, tal cual fue
mencionado por Bobbio. El gran avance político desde entonces radica en
las políticas de presupuesto participativo -constituyendo la prefectura de
Puerto Alegre el ejemplo paradigmático, aunque ya tantas otras han asumido
esa política-, que camina en la dirección que Bobbio apuntaba, de
socialización de la política y del poder, delegando a la ciudadanía
organizada decisiones fundamentales sobre el presupuesto -ésto es, quién
financia a quién y qué-, a través del sistema tributario y de las políticas
públicas. Más allá de la democratización efectiva que introduce -aunque
cercenada por las anti-democráticas políticas de ajuste fiscal del gobierno
federal-, el presupuesto participativo redespierta en la ciudadanía el
interés por la política y por las soluciones colectivas, democráticamente
constituidas.

Otros instrumentos de extensión de la democracia -como los referendos y los
plebiscitos- fueron, empero, apenas utilizados ocasionalmente en el Brasil,
para dirimir conflictos políticos en el interior del bloque dominante -como
en el caso de aquellos sobre el sistema de gobierno-, sin ampliar el arco
de temas a que la ciudadanía es convocada a participar y a decidir. No
obstante, es inaceptable que temas como la pena de muerte, el aborto, la
reforma agraria, la privatización de servicios públicos, el control de la
Amazonia -tan solo para citar algunos, de entre tanto otros- sean decididos
por representantes con mandatos recibidos como cheques en blanco, que
cambian de partido de un día para otro, que reciben propinas para votar,
que se ausentan y no votan, que cambian las reglas de las elecciones
durante sus mandatos, que compran votos de parlamentarios, que nombran
jueces corruptos por favores políticos, que prometen una cosa y hacen otra.

El segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso es ilegítimo. Basta ver
con qué promesas él pidió el voto a los ciudadanos -desarrollo, empleos,
políticas sociales- y cómo administra la recesión en lo que él mismo ya
llamó sintomáticamente de “resto” de su gobierno. Mientras prometía todo
aquello, su ministro de la Economía negociaba, por debajo del mantel, los
acuerdos con el FMI, porque sabía que se vivía la resaca de un modelo de
estabilización monetaria con bases especulativas, que llegaba a su límite.
Acuerdos que no solo traicionaban lo que el gobierno prometía, sino que
competían el futuro del país por varios años, al impedir al gobierno tomar
cualquier medida reguladora en relación al capital especulativo -convertido
en hegemónico a lo largo de los años 90 en el Brasil.

Se consolidó otra traición con las promesas de Fernando Henrique Cardoso,
que decía que el Estado gastaba mucho, gastaba mal, que el combate a la
inflación requería centralmente combatir el déficit público. Sin embargo,
con la política de atraer capitales especulativos mediante la tasa de
interés más alta del mundo, seis años de Plan Real no solo que no
disminuyeron la deuda pública, sino que la multiplicaron por seis, porque
la misma tasa de interés suculenta que atraía capitales financieros, es
aquella con la que el gobierno paga su (nuestra) deuda. Con eso se produjo
un proceso de financierización del Estado brasileño, en el que el único
compromiso sagrado para el gobierno de Fernndo Henrique es el pago de los
compromisos de la deuda. Pueden suprimir camas en los hospitales, puestos
de trabajo, empresas -riesgo sistémico, solo en el sistema financiero, por
más inexpresivos y pésimos que sean los bancos. Solo el sistema financiero
recibió el privilegio del Programa de Estímulo a la Reestructuración y al
Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional (Proer) -que no impidió la
quiebra de los bancos, pero retribuyó el financiamiento de las campañas
electorales-, para terminar de expresar la hegemonía del capital financiero
y la dependencia de la economía y del Estado brasileño de los capitales
especulativos.

El plebiscito de la deuda

El plebiscito de la deuda, convocado por entidades civiles brasileñas, es
una valiente iniciativa para convocar a la ciudadanía para que se pronuncie
sobre un tema fundamental para el presente y el futuro del país. De tal
forma, que no puede ser tomado en círculos cerrados, por un Ministerio de
Economía y por un Banco Central que detentan más poderes que todo el
Congreso Nacional junto, pero que tienen, en la nominación de su ministro y
de su presidente -así como de otros miembros- su legitimidad contestada,
por sus vínculos públicos con las instituciones financieras privadas,
nacionales e internacionales, exactamente aquellas que se benefician con la
contratación de las deudas y con su pago.

La participación sólida de la ciudadanía en el plebiscito convocado por las
entidades civiles brasileñas para la semana de la patria (2-7 septiembre),
más allá de propiciar que los ciudadanos se manifiesten sobre un tema
escencial para sus vidas y para el país, abre el camino para que otras
iniciativas de ese tipo puedan venir a ser convocadas, que reformen,
renoven y revigoricen un sistema político en franco debilitamiento y
pérdida de credibilidad. Políticas como la del presupuesto participativo e
iniciativas como los plebiscitos y los referendos pueden significar una
dirección que permita construir un sistema político que, al revés de
consolidar a la dictadura social que hace del Brasil el país más injusto
del mundo, abra las puertas para que construyamos una sociedad democrática
y solidaria.

Las preguntas del Plebiscito de la Deuda Externa

Sobre el FMI:
¿El gobierno brasileño debe mantener el actual acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI)?

Si No

Sobre la deuda externa:
¿El Brasil debe continuar pagando la deuda externa, sin realizar una
auditoría pública de esta deuda, como preveía la Constitución de 1988?

Si No

Sobre la deuda interna:
¿Los gobiernos federal, estaduales y municipales deben continuar usando
gran parte del presupuesto público para pagar la deuda interna a los
especauladores?

Si No

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