El gobierno federal ha dado un paso más en el conflicto de Chiapas para
promover su complicación. El pasado martes 7 de septiembre, el secretario de
Gobernación presentó una carta pública dirigida al Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) que denomina: “Un paso más para solucionar el
conflicto en Chiapas”, en la cual presenta una serie de medidas para alcanzar
dicho objetivo, aunque más bien parecen obstáculos para lograrlo.

Más allá de las insuficiencias del documento -como el reposicionamiento del
Ejército federal, el castigo a los grupos paramilitares y las agresiones a las
bases de apoyo zapatistas-, aquí interesa comentar la dificultad de aplicar
las medidas propuestas por el gobierno, sin violentar los Acuerdos sobre
Derechos y Cultura Indígenas, base de la discusión.

En el primer punto del documento, el gobierno federal declara que siempre ha
estado convencido de la necesidad de cumplir con los mencionados acuerdos, y
que por eso el Presidente envió su iniciativa de reforma constitucional al
Senado de la República el 15 de marzo del año pasado.

La carta de presentación de las medidas de solución, que ahora se propone, en
realidad es un obstáculo, pues la iniciativa no ha prosperado, precisamente
porque se aparta de lo pactado en San Andrés y no atiende las demandas de los
pueblos indígenas, según ha sido denunciado por ellos mismos.

Enseguida, el gobierno federal expresa que a fin de avanzar hacia la solución
del conflicto, solicitará al Senado que determine el mecanismo a través del
cual las comisiones dictaminadoras de la iniciativa de reforma gubernamental
integrarán a su análisis otras legislaciones e información en materia de
derechos y cultura indígenas, a la luz de los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar. También expresa que estos documentos podrán ser enviados
conjuntamente por el gobierno y el EZLN. Asimismo, solicita que las
comisiones legislativas establezcan la posibilidad de escuchar nuevos puntos
de vista del ejército zapatista, otras organizaciones, y personas interesadas.

En otras palabras el gobierno federal insiste en que su propuesta unilateral
de reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos
indígenas, responde al contenido y espíritu de los Acuerdos sobre Derechos y
Cultura Indígenas, firmados el 16 de febrero de 1996, lo cual ha sido
desmentido hasta la saciedad, incluso por quienes participaron en la
elaboración de la propuesta.

El asunto de fondo

El paso que ahora ofrece Gobernación -que consiste en solicitar al Senado que
al dictaminar dicha propuesta tome en cuenta “otras legislaciones e
información en materia de derechos y cultura indígenas a la luz de los
acuerdos de San Andrés”- no atiende a fondo del asunto.

Todavía más: la expresión no es clara con respecto a la legislación e
información que deberán tomar en cuenta los senadores, pero si son, como
parece, las reformas introducidas a las legislaciones de los estados después
de la firma de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas, es nada, pues
ellas obedecen a una indicación de la propia Secretaría de Gobernación para
que los estados legislaran para apoyar la iniciativa presidencial, más que
reconociendo verdaderos derechos a los pueblos indígenas.

Por lo demás, no hay ninguna seguridad de que si esto llegara a suceder, el
Senado, mayoritariamente priísta, tuviera voluntad de destrabar el problema
e introducir una verdadera reforma constitucional que satisfaga a las partes,
con lo que se esfuma la oferta gubernamental.

Si el gobierno federal en realidad tiene voluntad de reiniciar el diálogo para
resolver el conflicto en Chiapas, el camino es más sencillo, corto y claro:
que el primer mandatario retire su iniciativa unilateral de reforma
constitucional y pacte con el EZLN el mecanismo por el que ambas partes
enviarán al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas elaborada por la
primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), representante por ley
del Congreso. Eso fue lo que se pactó en San Andrés Larráinzar, no que una
parte enviara su propuesta y la otra ofreciera información sobre ella.

Junto a estas medidas cobran sentido las otras que propone Gobernación. De
otro modo, cualquier paso que se dé hacia la solución del conflicto sólo
contribuye a complicarlo.