Las formas de represión a la sociedad civil son ahora, en muchos países,
más sutiles que en los tiempos de las desembozadas dictaduras, pero
igualmente fragmentadoras de las posibilidades de unión y de organización
de las gentes. Y es en este particular espacio de lo concreto social donde
el uso elitista, concentrado y monopólico de la información y la
comunicación se constituye en la forma de agresión que divide a los
colectivos humanos, hace un mito de la participación, (otra palabra usada y
abusada), y tanto por defecto como por excesos, convierte el posibilitar
que la gente se entere o no se entere, que se entere bien o que se entere
mal, que reciba las voces y las palabras auténticas, u otras que se les
dirigen de un modo intencionadamente sesgado, en un recurso del poder; con
el cual se conspira, al mismo tiempo, por lo menos contra dos derechos
humanos esenciales: el derecho de asociación y el derecho a la información.

Tal vez no sea demasiado ocioso rememorar que el derecho a la información y
a la comunicación es una batalla que vienen librando mentalidades
esclarecidas desde hace mucho tiempo. Comenzó a plantearse en el seno de
algunos foros internacionales, de los cuales la UNESCO fue en los inicios
de los años ochenta la principal tribuna. Allí se denunció la gran mentira
de una frase acuñada que abogaba por el “libre flujo de la información” lo
cual, en la práctica, significaba reclamarles a los receptores de
información que atendieran y se afiliaran a los criterios de quienes
tenían, desde entonces, los recursos para hacérselos llegar y que les
dejaran hacer, sencillamente, en nombre de una supuesta libertad de
expresión. Eran los tiempos de popularidad máxima de los postulados de
Marshall Mc Luhan que hacían del medio el todo. Y era a otros, y no a los
tan variados segmentos conformadores de la sociedad por debajo de la capa
de poderosos y de adinerados, a quienes pertenecían tales medios. Las
cosas no han variado demasiado, sólo que actualmente se les llama de otra
manera. Según se tenga o no se tengan posibilidades comunicativas, a las
naciones y a los grupos humanos se les denomina info rich o info poor.
Ahora, claro, se opera en redes y con más abarcadoras tecnologías.

Cuando el derecho a la información comenzó a ser objeto de debates,
coincidiendo -por cierto- con las discusiones primigenias sobre el derecho
al desarrollo introducidas en el ECOSOC justamente por Cuba, mi país, dos
grandes agencias de prensa norteamericanas (la Associated Press y la United
Press Internacional) hacían del mundo lo que ya por entonces se llamó la
gran aldea transnacional, (luego pasaríamos a “globalizar” el concepto),
cuyo poder en materia mediática cobraba sus víctimas en el mundo
subdesarrollado al monopolizar alrededor del 80% de toda la información que
recibíamos.

Un derecho ciudadano

Mario Bennedetti, muy recientemente laureado en España por su obra
literaria, denunciaba en 1986: “En tanto que las más importantes agencias
del Tercer Mundo transmiten apenas 50 mil palabras por día, sólo dos
grandes agencias norteamericanas emiten un promedio de 8 millones de
palabras, o sea, las suficientes para que el Tercer Mundo se entere de cómo
vive, lucha, sufre o muere, a través de ese gigantesco y casi exclusivo
entramado de difusión política” (1).

Si es, por lo general, el poder político y sus aliados y alianzas (incluida
la iglesia católica en varias de nuestras naciones) la fuerza esencial que
transforma en un desafío el ejercicio al derecho de asociación, es ese
mismo poder político el que refuerza aquellas represiones al limitar,
impedir y casi siempre distorsionar los contenidos que deberían nutrir este
otro derecho humano esencial: el derecho de información. Más aún: “el
quehacer mediático, al mantener prácticas excluyentes, actúa en contra de
los derechos humanos consagrados universalmente (artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos). De ahí la necesidad
-subraya mi colega de ALAI, Irene León- de formular políticas sociales,
públicas e internacionales que garanticen el derecho ciudadano a la
comunicación como parte integral de los derechos humanos” (2). Y es
importante subrayar en este contexto que el derecho a la información no es
un derecho a ejercer por los periodistas o comunicadores o que los implique
sólo a ellos y ellas; es un derecho de todos los humanos y humanas, de sus
organizaciones y de sus grupos informales; es el derecho que hace las veces
de puente y de polea transmisora; y la conexión que dimensiona, justamente,
las posibilidades de enlaces y de asociación entre las personas.

Y es aquí donde cabe una reflexión, la más simple de todas: mientras que
las represiones, obstáculos e impedimentos al derecho de asociación, y por
ende sus desafíos, son menos difícilmente identificables y visibles, las
acciones socavadoras y opresivas del derecho a la información y a la
comunicación suelen ser translúcidas y silenciosas: usted no sospecha de
qué no se entera, usted no se imagina lo que no le dejan ver…

De ahí que sea todavía pertinente citar al autor de “Las venas abiertas de
América Latina”, Eduardo Galeano, cuando apuntaba algo de lo cual ya nadie
tiene dudas: “la historia ha sido desfigurada, escondida por los dueños del
poder” A ello Benedetti agregaba la pertinencia de no atribuirle estas
culpas sólo a “los dueños del poder político sino también a los del poder
informativo que, normalmente, son una extensión de aquellos. ¿Qué es la
desinformación sino una desfiguración de la historia, aunque se trate de la
que se está haciendo en este instante? ¿Quiénes tienen verdaderamente el
poder en el campo de la información?” (3).

Un carril de dos vías

Al abocarnos a la identificación y examen de los desafíos que enfrenta hoy
el derecho de asociación quizás podremos coincidir en que estos riesgos y
retos, no son sólo determinados por factores exógenos sino también por
características endógenas a la sociedad civil de nuestro tiempo. Por lo
mismo que más ricos y vitales, los movimientos populares de hoy -espinas
dorsales de la sociedad civil que se busca a sí misma para sentirse
integrada a un todo, en que también la individualidad se reconozca en
función de mecanismos participativos para una descentralización del
poder- son más diversos, conflictivos y problematizados tanto por las
personas integrantes como por los componentes ideológicos que los alimentan.
Yo diría que, en particular, por esto último. No olvidemos que siempre que se
habla de ideas estaremos hablando de comunicación. El pensamiento no tiene
otro modo de socializarse como no sea mediante el intercambio, aun por una
mirada o un gesto que, en determinadas circunstancias, pueden ser
concertadores y hasta conspirativos.

¿Dónde está la razón de ser, la esencia misma, de la voluntad de la gente
de asociase si no en el hacerlo para perseguir metas comunes, para hacer
avanzar las ideas sustentadoras de los movimientos y acciones en que se
envuelven? ¿Qué y cuánto puede hacer una organización o grupo informal de
la sociedad civil, y aun los individuos, si no conocen el manejo
presupuestario por parte del gobierno, por ejemplo; si no están al tanto
del tráfico con patentes medicinales derivadas del robo de conocimientos a
la población indígena; si quienes desean y deben saberlo no están
informados del número de mujeres que muere cada día por abortos no
permitidos por las leyes de algunos países, donde un pedazo del cuerpo
femenino es enajenado y se le constituye en propiedad del estado, propiedad
social u objeto de legislaciones, apoyados en ideas retardatarias? ¿Qué
decir, asimismo, del aislamiento de grupos sociales, de movimientos
informalmente estructurados y aun de organizaciones, que no tienen acceso a
la capacitación, que no pueden recibir información de los riesgos de la
fragmentación desde dentro por caudillismos u protagonismos de nocividad
evitable, que no conocen siquiera cuáles otras fuerzas en su propio país o
en otros fronterizos, luchan y padecen los mismos esfuerzos e iguales
dolores?

Creo haber ejemplificado (de la manera más elemental, ciertamente), acerca
de las necesidades de información que precisan y reclaman las
organizaciones, y las dificultades que resultan de su carencia. Podrían
ilustrarse, ad infinitum, tanto las urgencias como las ausencias de los
asociados y por asociarse en materia de información y comunicación. En
verdad, aunque ello no esté todavía demasiado claro para las mayorías, el
derecho de asociación tiene su soporte y su espuela en el derecho de
información. Uno y otro se necesitan recíprocamente. Y uno y otro, según
sea la etapa o el país, deben enfrentar desafíos semejantes y/o
complementarios. Pero nadie ignora cuántas vidas, sacrificios y
represalias han entregado los y las comunicadores a la defensa del derecho
a la información, a veces insuficientemente comprendidos y apoyados por
quienes defienden el derecho de asociación, también a veces
insuficientemente comprendidos y defendidos por los del lado de acá.

El derecho de asociación y el derecho a la información conforman un carril
de dos vías, por el que transitan y deberán transitar a mayor velocidad aún
los trenes del futuro, para que el acceso a las autopistas de la
información sea un ente compartido y los desafíos de quienes se juntan para
hacer, encuentren nuevas compañías y mayor apoyo para sus luchas en quienes
trabajan para generar dinámicas de cambios desde la comunicación. Estos
-por demás- pueden alcanzar a miles y a millones en unos cuantos segundos.

Una Conferencia Mundial sobre Comunicación

La vocación por universalizar crecientemente la comprensión acerca de este
derecho necesita también ser soportado desde el resto de los componentes de
la sociedad civil, en los foros nacionales y multilaterales, en los
cónclaves internacionales. Viena + 5 lo hizo de un modo estimulante. Pero
se necesita más. Todos los que hemos envuelto nuestra propia piel en
defensa de los derechos de las humanas y los humanos estamos convocados a
impulsar y apuntalar el pedido que ya se ha hecho desde múltiples
instancias al sistema de Naciones Unidas para que en un tiempo futuro no
lejano acoja una Conferencia Mundial sobre Comunicación que coloque la
importancia de este asunto en el punto de mira universal; por la
trascendencia de este derecho para su propio ejercicio y para garantía de
todos los demás; y para maximizar la comprensión de que en el derecho a la
comunicación estamos todos contenidos; y no únicamente los que hacemos
profesión con enlazar pueblos, conceptos y miradas.

Hoy sabemos que el desarrollo no es lineal, que no siempre es
imprescindible quemar una etapa para pasar a la siguiente. Y eso vale para
comprender un escenario en que se produce de un modo más visible que en
ningún otro la posibilidad de concertación entre quienes, en defensa de los
derechos humanos, prestan atención en particular a los de asociación y a
los de información. Si los arreglos y colaboraciones entre el norte y el
sur han sido casi siempre azarosos, una parte al menos de los que puedan
surgir entre los info rich y los info poor podrían quizás nacer con el
sello de un tiempo nuevo.

Porque si bien los equipamientos siguen teniendo propietarios, los
conocimientos en materia de tecnologías de la comunicación se democratizan
a ritmos más veloces, y el capital humano va pasando, aceleradamente, de
individual a colectivo. Es este tipo de articulación, este montaje de
redes de intercambio entre movimientos populares y creadores de opinión lo
que desde hace algún tiempo ha venido promoviendo ALAI, con experiencias
notables cuando, por ejemplo, en 1995 se produjo la Conferencia Mundial de
la ONU sobre la Mujer en que computadoras operadas por mujeres en 85 países
se enlazaron mediante esfuerzos auspiciados, entre otros, por ALAI, y
millones de personas en todo el mundo recibieron una información que hacía
honor a la voluntad de materializar el derecho de todos los humanos y todas
las humanas a la información. Subsumidas en todos esos contenidos se
hallaban centenares de asociaciones de mujeres que en las varias esquinas
del universo iban apropiándose de nuevos espacios. Pienso que si de algo
tampoco debe haber dudas es del avance vertiginoso que ellas, nosotras, las
mujeres, hemos registrado en las tres últimas décadas.

l) Benedetti, Mario: “Maniobras y mecanismos de desinformación”, revista
UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba, edición de marzo-abril l986,
páginas 6 y siguientes.

2) León, Irene: “El derecho a la comunicación como derecho humano”,
Servicio Informativo ALAI, No. 216, 7/07/95.

3) Ibidem, citado en 1.

* El Foro “Desafíos al Derecho de Asociación en México y América Latina”
se realizó en la Ciudad de México, del 16 al 18 de junio. ALAI estuvo
presente por intermedio de Mirta Rodríguez Calderón, periodista cubana.

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