El tema de los derechos indígenas, y particularmente el de la autonomía, nuevamente se ha puesto en el centro del debate en México luego del recrudecimiento del conflicto chiapaneco a finales del año y comienzos de éste. Sectores gubernamentales y conservadores del país han agitado el fantasma de que el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas rompería con la igualdad de todos los mexicanos, atentaría contra la soberanía y desintegraría el territorio nacional. En la otra orilla, sin embargo, los argumentos son diferentes.

 

Para el Congreso Nacional Indígena, que constituye la instancia mayoritaria de los pueblos indígenas, la autonomía se inscribe en una nueva relación entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad nacional, y representa un instrumento para la reconciliación y la pluralidad.

 

La demanda autonómica indígena, en definitiva, busca superar la exclusión histórica de los pueblos originarios de la vida y la gestión política del país y acceder a formas de autodeterminación que permitan resolver los problemas socio-económicos en un marco de respeto, diversidad y convivencia pacífica.

 

Uno de los mecanismos para avanzar en el reconocimiento de los derechos indígenas fueron los Acuerdos de San Andrés firmados el 16 de febrero de 1996 entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en los que se reconoce “el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas, en tanto colectividades con cultura diferente y con capacidad para decidir sus asuntos fundamentales en el marco del Estado nacional”.

 

La sociedad civil mexicana e instancias internacionales han señalado que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es una de las vías para reanudar el diálogo y la negociación entre el Gobierno Federal y el EZLN. De parte del régimen de Ernesto Zedillo se han enviado, sin embargo, mensajes confusos y contradictorios que poco han aportado en este camino. En la siguiente entrevista, la investigadora mexicana de la temática indígena, Magdalena Gómez (MG), se refiere a los avances, los problemas, los obstáculos y los intereses que se tejen alrededor de la autonomía indígena.

 

ALAI: ¿Cómo mira el proceso de autonomía que se está desarrollando en México?

 

MG: En el caso de México, tenemos una doble vertiente: en primer lugar lo que ha sido un proceso de autonomía de hecho, de toma de decisiones desde las comunidades sin reconocimiento jurídico, y el segundo aspecto es el relativo a la elaboración de demandas jurídicas por el reconocimiento constitucional de la autonomía. Lo que tenemos hoy es una confrontación política, en el espacio de la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal en torno a los acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígena.

 

En ellos se plantea el reconocimiento constitucional de la autonomía para los pueblos indígenas, e inclusive se acota cuales serían los derechos sustantivos en los cuales se traduciría la autonomía, que son los derechos básicos que reclaman los pueblos en torno al acceso, uso y disfrute de recursos naturales, al reconocimiento de sus formas de organización social y política, el reconocimiento a sus sistemas normativos, la posibilidad de reconocimiento a la comunidad como entidad de derecho público, la posibilidad de acceso a recursos públicos de manera directa.

 

Ahora la contienda está por la negativa del Gobierno Federal, a darle cause a una iniciativa de reformas constitucional que reflejara este acuerdo que fue firmado por el propio Gobierno Federal.

 

ALAI: ¿Por qué el Gobierno Federal se ha mostrado reacio a aprobar las reformas constitucionales, qué es lo que perdería?

 

MG: Creo que es un problema de doble vertiente. Es un problema ideológico y es un problema de poder. Hay muchísimo racismo y discriminación no solo en el Gobierno Federal sino en general en la sociedad mexicana frente a los pueblos indígenas. Recientemente hay sectores sociales y políticos muy importantes de la sociedad que apoyan a los pueblos indígenas, pero todavía no reflejan una transformación ideológica de la sociedad mexicana. También hay un problema de poder, toda esta serie de derechos implicarían espacios de participación por parte de los pueblos indígenas, y hay una negativa a darles acceso a toma de decisiones en asuntos estratégicos.

 

ALAI: ¿Cómo cuáles?

 

MG: Como el uso y disfrute de recursos naturales. Los pueblos indígenas no están pidiendo el dominio eminente ni la propiedad absoluta sobre los recursos naturales. Están pidiendo acceso al uso y disfrute de los recursos naturales, es decir la demanda indígena ha sido muy consciente de ciertas acotaciones que deberían tomarse en cuenta para garantizar la viabilidad de la misma, sin embargo estas acotaciones no han suficientes para el Gobierno Federal.

 

La posibilidad de reconocer al sujeto de derecho pueblo indígena en toda su implicación les causa problemas porque dicen que se va a afectar el pacto federal. No obstante, la demanda indígena dice que se va a desarrollar dentro de las instancias del pacto federal, que los pueblos indígenas van a estar ubicados en comunidades, municipios, en identidades ya establecidas ya en la Constitución Hay todo un discurso en el sentido que se va afectar la unidad de la nación, de que aceptar el concepto de territorio como lo define el convenio 169 de la OIT, es crear la posibilidades de una “balcanización”.

 

ALAI: Talvez también existe una presión por explotar los ricos recursos naturales que tienen los territorios indígenas, una presión que abarca ámbitos internos, pero también internacionales, principalmente de las grandes transnacionales.

 

MG: Por supuesto, ahora hay una contienda en torno a un mega proyecto del Istmo, en Tehuantepec, que se ha estado negociando sin consultar a los pueblos indígenas. Pero tenemos casos más cotidianos. En el norte del país, el pueblo Seri, por resolución presidencial de hace 22 años, tiene una titulación de la Isla del Tiburón, y ahora la Secretaría de Marina le está negando el acceso a la isla de la cual tienen títulos jurídicos. Hay evidentemente una confrontación por el manejo de recursos )Y que hay detrás? La idea de quitarle al pueblo Seri el ejercicio tradicional para otorgar permisos y obtener determinados recursos para su subsistencia, y canalizar todo ese manejo de recursos en la Secretaría de Medio Ambiente. A otro nivel, tenemos la Ley de Monumentos Históricos que impide a los pueblos indígenas el acceso a los lugares y centros ceremoniales que los consideran sagrados, y por otra parte, también considerados como parte del Patrimonio Federal.

 

Es decir, hay una serie de espacios de contradicción entre la concepción patrimonialista del Estado y la concepción de los derechos históricos de los pueblos indígenas. Entonces, todo el debate se da porque el Estado ha querido trivializar a la demanda indígena y a los sistemas normativos y formas de administración de justicia indígena, y convertirlos en meros usos y costumbres que serán considerados en la toma de decisiones del orden jurídico nacional. Ni siquiera se aceptan la implicación más elemental de la autonomía, que sería la conducción de las instituciones encargadas de la política indigenista de Estado. El movimiento indígena planteó, vamos a codirigir las instituciones, ni siquiera a dirigirlas, pero esa demanda no se acepta.

 

ALAI: ¿Usted mencionaba algunos obstáculos que existen, pero hasta qué punto se ha avanzado en el proceso de autonomía?

 

MG: Creo que se ha avanzado en términos de la maduración del movimiento indígena en cuanto a la definición de sus demandas. También se ha avanzado en la formación del Congreso Nacional Indígena. En estos años y en esta contienda se está perfilando una instancia organizativa a nivel nacional que no tenía el movimiento indígena. Hay avances y hay cada vez más crecientemente la convicción en las comunidades, de que una vía para impulsar su reconocimiento como sujetos de derecho, es la vía precisamente de la lucha por estos espacios. Hay avances, pero también hay gravísimos problemas que no se atienden: la extrema pobreza, la política indigenista del Estado no logra dar respuesta a todas esas demandas, ni a nivel de los derechos pero tampoco a nivel de los programas institucionales.

 

El Instituto Nacional Indigenista, por voz misma de la institucionalidad, y desde adentro del mismo, se ha planteado, que no es capaz de darle repuesta a la demanda indígena, que el Estado debe cambiar radicalmente la política, que el Estado en su conjunto debe responder a la demanda indígena y no solo a través de una institución, con recursos insuficientes. Pero hay cerrazón a asumir, a toda implicación, lo que es la demanda indígena. No va a ser fácil, aún cuando se logre triunfar en el reconocimiento de la autonomía. Hay también factores locales de poder, hay grupos de poder local, que no les interesa tener a los pueblos indígenas con el derecho de su parte.

 

ALAI: En la década de los 90, ¿cómo percibe la sociedad mexicana los procesos autonómicos?

 

MG: Hay crecientes sectores de la sociedad interesados en la demanda indígena. Yo diría, tardíamente interesados y estamos pagando los costos, porque la sociedad en general está muy ajena a este planteamiento. Está muy claro, que es a partir del levantamiento zapatista del 94, que se coloca el tema indígena en la agenda nacional y muchos de los sectores de la sociedad, incluso sectores políticos de izquierda y progresistas, empiezan a tomar nota de la situación indígena. Desde el 94, para acá se ha avanzado en este sentido.

 

Pero con problemas, porque por ejemplo, en las recientes elecciones de mediados del sexenio, que fueron muy importantes para el avance de la democracia, para el avance de la oposición en el país, fueron muy insuficientemente manejados los espacios para la representación de los pueblos indígenas. Es decir, todavía los partidos políticos, aún los de izquierda, no asumen a toda implicación lo que significa la inserción plena, el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas.

 

Negociaron una reforma política, muy importante en el plano electoral, excluyendo la demanda indígena que es la de tener formas de representación bajo fórmulas distintas a los partidos políticos. La excluyeron bajo el argumento que se debía negociar después, cuando se diera toda la propuesta integral de los pueblos indígenas. Pero no solo eso, por la vía de los hechos podían haber definido, internamente como partido, una cuota de participación para diputados indígenas, no lo hicieron, es muy baja la representación de dirigentes indígenas en el Congreso.

 

ALAI: ¿Cómo mira, el proceso de autonomía indígena en relación a la globalización?

 

MG: Creo, que las autonomías indígenas en la medida en que formen parte de los proyectos nacionales de nuestros países, en esa medida se podrán construir alternativas nacionales, pluriculturales frente a la globalización. Si las autonomías indígenas no logran ese espacio y esa conjunción en la visión de los proyectos nacionales, van a tener muchas y mayores dificultades, porque ahorita todos los proyectos de globalización en lo que menos piensan es en garantizar la pluriculturalidad de las naciones en las que están incidiendo, no les interesa ni las naciones mismas, así como están, mucho menos la pluriculturalidad.

 

Yo veo, por otro lado, que es muy importante la coordinación de la demanda indígena y de los proyectos nacionales, concretamente en América Latina, porque solamente con el espacio indígena hay crecientes dificultades en la discusión que se está dando en Naciones Unidas sobre el Proyecto de Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas; hay dificultades en el proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas; hay dificultades en los procesos nacionales para la consolidación y ampliación de derechos indígenas. Entonces, mi impresión, es que los pueblos indígenas no pueden salir solos en esta contienda, sino que tienen que salir aliados sobre todo con los sectores progresistas.

 

Publicado en el Servicio Informativo # 267, ALAI, 11-02-1998, Quito