Tres años han transcurrido desde aquel trágico 5 de octubre de 1995, cuando una patrulla militar al
mando del subteniente Antonio Lacán Chaclán ingresó ilegalmente a la comunidad de Xamán,
dando muerte a 11 campesinos, entre los que se encontraban niños, e hiriendo a otras 27 personas,
en una matanza absurda que se vino a sumar a las más de cien masacres cometidas por el ejército a
lo largo del conflicto armado.

El camino legal recorrido en mi calidad de Querellante Adhesiva, ha sido lento, difícil y lleno de
obstáculos. Sin embargo, por primera vez en la historia de Guatemala, una comunidad indígena
inicia un proceso penal contra miembros del ejército responsables de un delito de tal magnitud; se
logró que un juicio contra militares se trasladara de un tribunal militar a uno del orden común,
sentando un precedente valiosísimo; por primera vez se logró tipificar el delito de ejecución
extrajudicial y tentativa de ejecución extrajudicial. Asimismo se consiguió que volvieran a prisión
varios de los militares que habían sido dejados en libertad de manera ilegal.

Estos logros, sin lugar a dudas, contribuyen a allanar la ruta para que la justicia se aplique
correctamente, pero los obstáculos encontrados muestran con claridad que la construcción del
estado de derecho y la democratización del país se enfrenta a fuerzas que haciendo uso de todos los
recursos, incluyendo la corrupción y las amenazas, pretenden bloquear el camino hacia la paz.

Durante este tiempo los abogados del ejército han tratado de entorpecer el proceso penal,
interponiendo recursos sin fundamento alguno, con el propósito de hacer que el proceso fracase.
Han llegado al extremo de fabricar pruebas y comprar testigos ofreciendo tierras a cambio de
testimonios falsos.

El Tribunal de Sentencia de Cobán también ha tenido una actuación lamentable, llena de
irregularidades y abiertamente parcial hacia los acusados y los abogados de la defensa. Entre éstas
están haber admitido a la defensa pruebas obtenidas ilegalmente y rechazar pruebas apegadas a
derecho que presenté como Querellante Adhesiva.

En diferentes momentos he reconocido el valor jurídico y ético del trabajo desarrollado por el fiscal
especial del caso el Lic. Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, quien después de conducir y
concluir la investigación presentó acusación contra la totalidad de miembros de la patrulla militar.
Sin embargo, el actual Fiscal General, Adolfo González Rodas, le ha retirado la mayor parte del
apoyo logístico y económico, poniendo en riesgo el proceso y acentuando la falta de credibilidad
del Ministerio Público

Ante los vicios e irregularidades dentro del proceso, me he visto obligada a presentar varios
recursos en las instancias respectivas, así como dos recusaciones contra el Tribunal de Sentencia de
Cobán. Sin embargo solo se han obtenido resoluciones parcializadas en favor de dicho tribunal,
desdeñando los argumentos de fondo y las pruebas que hemos aportado.

En estos momentos, estamos a la espera de la reapertura del juicio oral. Seguramente las
irregularidades e ilegalidades no habrán de terminar. Sin embargo, tengo el compromiso con las
víctimas y sus familiares, así como con la sociedad, de contribuir a la correcta aplicación de la
justicia hasta lograr que el estado de derecho ponga fin a la impunidad.